Protestan contra las multas por la Ley Mordaza ante la Subdelegación del Gobierno

Cuarenta miembros del PCPC y Alternativa SOC se concentran en la capital tinerfeña para denunciar la "represión" y la "criminalización" de actos reivindicativos. Denuncian que algunos sindicalistas acumulan hasta más de 12 multas.
Manifestación contra la Ley Mordaza frente a la delegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife | VP

Unas  cuarenta personas se han concentrado en la noche de este jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para protestar contra la llamada Ley Mordaza, y, en especial, contra las multas que se les están imponiendo a activistas y sindicalistas por actos de protesta, un hecho que, a su juicio, pretende “criminalizar” tales acciones reivindicativas contra recortes en derechos sociales.

La concentración, autorizada, la convocaron el Partido Comunista del Pueblo de España (PCPC) y el sindicato Alternativa Socialists Obrera Canaria (SOC), y  también asistieron miembros del  Comités de Unidad Obrera (CUO).Suso Junco, dirigente de Alternativa SOC o explicó que la protesta se debe a que están aumentando las multas por “actos reivindicativos si no están correctamente comunicados, o se se alejan un palmo de donde la policía cree que no puedes estar; toman tus datos y automáticamente te llega un sanción, y hay ya sindicalistas que tienen más de 12 sanciones acumuladas, gente con pocos recursos”. “Es una manera de criminalizar las protestas de la sociedad contra los recortes en derechos sociales”, criticó el dirigente sindical.

 

Junco añadió que “la mayoría de las manifestaciones son pacíficas”, pero que “incluso en las protestas contra desahucios si no te retiras y te retira la policía, eso supone una sanción administrativa, con el agravante de que al no pasar por un juzgado este tipo de infracciones, que antes llegaban a la Justicia,  la palabra del policía es sagrada y no la cuestiona nadie”.

Francisco Valverde, que fue candidato del PCPC a las elecciones generales por la provincia, se quejó de que le han impuesto una multa de 700 euros por recoger firmas en la calle de Castillo, como avales para poder presentar la candidatura del partido.

“Me retuvo un policía nacional de la secreta, me pidió identificarme, colaboré, me tomó los datos y al cabo de unos meses me llegó notificación de la Agencia Tributaria con una multa de 700 euros, que debo abonar o se me embarga el salario”, expuso el dirigente del PCPC, quien añadió que el agente “alegó que no me identifiqué en un primer momento y que pertenezo a una formación política importante; pero son unos hecho que ni por asomo fueron así”.

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