Sin vacunas, urgencias ni traslados en ambulancia, pero también sin tratamiento de especialistas en algunos casos. Así es como quedan las cerca de 20.000 personas afectadas en el Archipiélago a cuenta de la denuncia de los conciertos entre el Gobierno de Canarias y las distintas mutuas que acogen a los funcionarios de la Administración General del Estado después de que el Tribunal Supremo decidiera el conflicto a favor de las instituciones autonómicas en tres sentencias hechas públicas entre la semana pasada y la actual, y que ha dejado a dichos funcionarios sin acceso a la cobertura que presta la sanidad isleña.
Salvo lo reseñado, de resto los afectados cuentan con los acuerdos de esas mutuas con los centros privados de las Islas. La primera sentencia fue la relacionada con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, que afecta a los cerca de 5.000 militares y a entre 2.500 y 3.000 guardias civiles con destino en las Islas; las dos más recientes, a los agrupados en la Mutualidad General Judicial y la Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Después de que el alto tribunal tumbase una decisión anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, favorable a mantener estos conciertos acordados antes de las transferencias sanitarias a las autonomías y denunciados por Canarias en 2012, ahora el reto de la Delegación del Gobierno pasa por restaurar una cobertura plena para estos funcionarios y sus familiares adscritos.
Tres incidentes en los que se negó la cobertura
A pesar de que aún este conflicto entre las distintas administraciones públicas a cuenta de la cobertura sanitaria en Canarias de los funcionarios de la Administración General del Estado seguía judicializado, el año pasado se registraron tres incidentes en que se reclamó a los afectados el pago por los servicios prestados desde instituciones de las Islas. Dichos incidentes, que hay que considerar como ocasionales habida cuenta de que suponen un porcentaje ínfimo desde una perspectiva global, se produjeron en prestaciones específicas de la sanidad pública autonómica en los que se reclamó a los afectados el abono de las mismas y están relacionados con urgencias y traslados, tal y como detallaron ayer a este periódico fuentes conocedoras del conflicto. Aunque no consta de forma oficial, la fluida interlocución de la Delegación de Gobierno con el Ejecutivo regional al parecer evitó males mayores. No en balde, entonces solo constaban las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, reacias a la denuncia de estos conciertos que, sin embargo, finalmente ha sido avalada por la Justicia.
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