Gobierno y estibadores tienen mañana martes una última oportunidad para desbloquear el conflicto de la estiba, después de que el sindicato desconvocara la huelga prevista para esta semana y el Ejecutivo central aplazara para este viernes la aprobación del decreto ley de reforma del sector. Un conflicto que se ha prolongado durante varias semanas y que, de no llegarse a ningún acuerdo, puede traer consecuencias muy negativas para la economía española y, en particular, la canaria. La Plataforma de Inversores de Puertos Españoles (PIPE) cifra en 50 millones de euros al día el coste de tener las instalaciones portuarias españolas paradas.
En Canarias, a las pérdidas económicas hay que sumarle el riesgo de desabastecimiento, que, según denunció en este periódico el presidente de la asociación de industriales, Andrés Calvo, puede ser “muy preocupante” si los paros pasan de ser intermitentes a fijos. “En las Islas no hay stock suficiente para cubrir una posible huelga de varios días”. En cualquier caso, los servicios mínimos fijados por el Gobierno incluyen el 100% de la actividad para los dos archipiélagos y para el transporte entre islas.
Pero ¿en qué consiste exactamente el conflicto de la estiba? Durante estos días se ha dicho mucho sobre este asunto. A favor y en contra de este colectivo que es esencial en la vida diaria de un puerto, puesto que son los responsables del movimiento de toda la mercancía que llega a los puertos. Para tener una idea, en cifras, de la importancia de este sector, en España la estiba supone el 53% del coste total anual, mientras que en Europa no llega al 39%.
El problema radica en cómo se articula este colectivo y su posición con respecto al resto de Europa. Se trata del único sector en España que no está sujeto a la libertad de contratación, lo cual entra en conflicto con el mercado libre europeo. Es un modelo de la época franquista, en el que las empresas estibadoras que operan en los puertos públicos no pueden contratar libremente a sus trabajadores, sino que deben hacerlo a través de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios, a las que dichas empresas deben asociarse, con lo que la contribución de la empresa en este caso es doble. Los trabajadores se agrupan en una especie de registro, donde acuden las empresas a contratar.
Hasta ahora el sector funcionaba así. Los empresarios habían denunciado este sistema a Europa por obsoleto y por ir en contra de la competitividad, hasta que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dictó una resolución en diciembre de 2014 en la que “obliga” a España a liberalizar el sector, precisamente, para garantizar la competencia.
La sentencia exige al Gobierno español a modificar la ley portuaria en lo que se refiere a la estiba, para que cualquier empresa pueda contratar para esta función al trabajador que quiera y, además, permitir la libre circulación, es decir, que puedan entrar estibadores de cualquier Estado miembro. Es por esto que el Gobierno está, en cierta forma, atado de pies y manos, porque tiene que dar cumplimiento a un mandato judicial europeo, y si lo incumple, podrá ser sancionado con una multa de 134.000 euros diarios. Ya han pasado dos años de esta sentencia y el Ministerio de Fomento que dirige Íñigo de la Serna teme que si no aprueba ya la reforma, el Tribunal europeo emita una segunda sentencia por incumplimiento y tenga que pagar la multa.
El Gobierno lo que propone es la creación de una especie de ETT y un periodo transitorio de tres años para el mantenimiento de la plantilla y que la liberalización no se convierta en que todo el sector se quede en la calle. Una especie de compromiso para que las empresas mantengan al 75% de la plantilla el primer año, el 50% el segundo y el 25% el tercero. Además, si hay despidos, las autoridades portuarias se comprometen a compensar estos costes.
Los estibadores no están de acuerdo en absoluto con el modelo planteado por el Gobierno y argumentan que este sistema es una especie de ERE encubierto. Lo que piden es la creación de una especie de registro, similar a la bolsa de trabajo actual, donde las empresas acudan a contratar a sus trabajadores. El Ministerio ya ha dicho que es “imposible” incluir este registro en la reforma de la estiba porque Europa no lo aceptaría. De hecho, la propia Unión Europea advirtió la pasada semana a Fomento de que se le acaba el tiempo y de que este registro no entra en sus planes.
Un difícil proceso de negociación se abre mañana, en donde sí o sí ambas partes deben llegar a un acuerdo para no enconar un asunto que lleva vivo desde hace varios años. Los propios empresarios de las Islas, que no son sospechosos de apoyar a los sindicatos, critican que el Gobierno haya esperado al último momento para adaptar un modelo que desde Europa ya habían dicho que era obsoleto y que había “otras fórmulas” para que el traspaso fuera “menos traumático”.
El propio presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Ricardo Melchior, también salió la pasada semana en defensa de este colectivo, del que dijo que “no es tan malo como lo pintan” y es “esencial” en la vida portuaria. “El de Canarias”, concretamente, “es de los mejores y más productivos de Europa”.
Campaña de acoso
Antonio Fuentes, representante de los estibadores de la Isla, explicó a este periódico que el sector va a la reunión de mañana con ganas de dialogar, y matizó que en ningún momento han dicho que no quieren cumplir la ley. “La ley hay que cumplirla y nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no al empleo precario ni a las indemnizaciones con dinero público”. “Lo que pedimos”, prosiguió, “es una subrogación, como ocurre en cualquier otra empresa”.
Fuentes criticó la campaña de “acoso y derribo” a la que han estado sometidos y aseguró que el colectivo ha estado trabajando con normalidad durante todo el conflicto sin huelgas encubiertas. “Sí es cierto que cobramos lo que cobramos, pero el 80% de nuestro sueldo es variable y el 20% fijo, y dependemos de la carga de trabajo que hay en el puerto. Si no hay barcos, no cobramos lo que dicen”, matizo.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas