El primer informe pericial, encargado por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Arona para intentar determinar las causas que provocaron el derrumbamiento del edificio de Los Cristianos el 14 de abril de 2016 y que le costó la vida a siete personas, apunta como factor más probable de la tragedia unas obras realizadas por la entidad bancaria Banesto entre los años 2001 y 2002. Así se puso de manifiesto el pasado 1 de febrero en el acto de ratificación del perito ante la titular del Juzgado Número 3 de Arona, Sofía Elena Valdivia, responsable de la investigación del caso, y la fiscal, en una comparecencia que contó con la presencia de siete de los abogados personados en el procedimiento.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS en fuentes próximas al caso, el estudio apunta a que dichas obras consistieron en habilitar espacios diáfanos en la planta baja del inmueble, eliminando paredes y sustituyéndolas por ventanas. En 2004, tras la aparición de varias grietas, la comunidad de propietarios encargó un estudio al mismo profesional que ahora acaba de entregar su informe a la juez. Aquella evaluación se realizó sin que el perito pudiera acceder al interior del banco, al no obtener el permiso de este, según la confesión de él mismo ante la juez.
En el informe se determinó que las grietas estaban relacionadas con las obras que se acometieron (se refleja que la tabiquería interior contribuía al sostenimiento del bloque), aunque también se pone el foco en la calidad del hormigón (en los años 70 no tenía las características que tiene ahora). “Es muy probable que si aquellas obras se hacen con el hormigón de ahora no pasaría nada”, señaló uno de los abogados a este periódico.
Según el relato de algunos de los letrados personados en la causa, el perito informó a la juez que la entidad bancaria se limitó a tapar las grietas superficialmente, pero sin indagar en las causas que las produjeron y, poco después, abandonó el local para instalarse, paradójicamente, en otro muy próximo. Desde entonces el local estuvo cerrado durante 12 años, hasta que en 2016 su nuevo propietario decidió acometer unas obras en su interior para abrir allí una perfumería. Con esos trabajos en marcha, el edificio se desplomó. El peritaje encargado ahora por el Ayuntamiento de Arona indica que la última obra no parecía que fuera de un calado tan importante, en función de la maquinaria empleada, como para hacer peligrar la integridad del bloque, pero se estaba actuando sobre una estructura que la entidad bancaria había debilitado. Y para ello aporta un dato relevante una vez examinada la forma en la que cayó el edificio y lo que quedó en pie, pilares y columnas fundamentalmente: todo apunta en que el pilar quebrado es el 3-B, el que estaba, precisamente, en el local que fue propiedad de Banesto. Según la información aportada por uno de los abogados, el informe determina que “los enganches que se hicieron para acabar la obra de Banesto eran de una calidad pésima, casi para colgar un cuadro; eso se aprecia en los restos del edificio”. Precisamente, la realización de los análisis periciales retrasó la demolición de lo que había quedado en pie del bloque de viviendas. Otro dato que se refleja en el informe es la existencia de unas cajas fuertes en el local de un peso considerable, en torno a una tonelada, si bien la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Playa de Las Américas no tenía constancia de ese hecho porque la empresa nunca se lo comunicó. En resumen, el primer informe pericial apunta a un conjunto de causas: reformas del banco, mala calidad del hormigón y las obras de la perfumería, pero la lupa de mayor aumento está puesta sobre los trabajos interiores que realizó la entidad bancaria.
¿Qué le falta a la instrucción?
La investigación judicial marcha a buen ritmo. “Está bastante adelantada”, indican las fuentes consultadas. Se espera a lo largo de este año que la juez emita un auto, que pondrá fin a la instrucción, en el que se determinarán los hechos punibles y quién los ha cometido. Para que eso ocurra, tanto el fiscal como las acusaciones dirán qué personas y qué delitos concretos son.
Los responsables deberán cumplir con sus obligaciones penales, en su caso, y civiles, es decir, las indemnizaciones, tanto a las víctimas como a las familias de los fallecidos. Las fuentes consultadas revelan que ahora uno de los principales objetivos en esta fase de la investigación judicial es determinar quién dio la orden en Banesto para que se acometieran aquellas obras y quién asumió la responsabilidad técnica de las mismas. “La instrucción no se va a cerrar sin las declaraciones de quienes tenían relación con ese local entre 2001 y 2004”, aseguran.
Según pudo saber DIARIO DE AVISOS, la juez instructora llegó a tomarle declaración a quien fue director de la oficina en 2004 (año en el que se encargó el informe sobre las grietas), pero se trata de alguien que llegó al puesto después de que se ejecutaran las reformas. Por otra parte, el perito ya entrevistó a un trabajador del banco en aquellos años que, casi con toda seguridad, será llamado a declarar para intentar tirar del ovillo y determinar quién ordenó la obra y qué se hizo al detectarse las grietas.
Pero hay más obstáculos por el camino. La entidad señalada en el informe, Banesto, se extinguió en mayo de 2013, al ser absorbida por el Banco Santander, lo cual hace presagiar, según los abogados consultados, que esta puede adoptar una actitud “evasiva”. A todas estas, la comunidad de propietarios, que es dueña del suelo, está a la espera de cobrar las indemnizaciones -la negociación con los seguros es otra batalla- para decidir si constituyen una cooperativa y levantan otro edificio.
Horas antes de aquella fatídica mañana del 14 de abril, 28 inquilinos dormían en el edificio
Aquella mañana del 14 de abril de 2016 quedará siempre grabada en la memoria de los vecinos de Los Cristianos. El reloj marcaba las 9.31 en el momento en que el edificio Julián José, ubicado en el número 12 de la calle de Amalia Alayón, se desplomó como un castillo de naipes. Siete inquilinos fallecieron: tres de nacionalidad española, dos italiana, una marroquí y una finlandesa. Se precisaron tres días para rescatar de la montaña de escombros los cuerpos de todas las víctimas. En el siniestro resultaron heridas tres personas.
El bloque, de cinco plantas, había sido construido en 1972 y en él esa madrugada dormían 28 inquilinos. Inmediatamente después de la tragedia se desalojaron 90 vecinos de los cuatro edificios colindantes, que fueron realojados en casas de familiares, hoteles, apartamentos y campings del municipio. Días después se evacuaron preventivamente 24 viviendas y nueve locales comerciales para proceder al derribo de la estructura que había quedado en pie.
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