SANIDAD

“Entré en el quirófano para algo sencillo y salí con una incapacidad del 70%”

Imagen de archivo del Hospital General de La Palma, donde se realizó la operación. | DA
Imagen de archivo del Hospital General de La Palma, donde se realizó la operación. | DA

“Entré en quirófano una mañana con 38 años para una sencilla operación de hemorroides en el Hospital General de La Palma, y el resultado es que tengo una incapacidad del 70%, no puedo trabajar, y mi vida no volverá a ser nunca la misma”.

Así se resumen los últimos diez años de la vida de María, una joven mujer palmera que ha tenido que llegar a los tribunales para conseguir que el Servicio Canario de Salud reconozca su responsabilidad en una intervención en la que, según los argumentos expresados por la defensa jurídica de María, se le causó un daño interno irreversible que ha derivado en secuelas crónicas con las que María tendrá que vivir el resto de su vida y que le impiden trabajar.

El mecanismo eléctrico que actúa como estimulador neuronal, implantado a María años más tarde de la operación para garantizar el funcionamiento del nervio y el músculo supuestamente dañado en la operación, solo le causaron nuevos problemas: calambres en pies y manos, en las ingles, en los muslos, a veces durante horas enteras, lo que la obliga a acudir a Urgencias para encontrarse con la impotencia de los médicos que le piden que regule el mando a distancia que activa el mecanismo.

María, aún con la implantación en su cuerpo de ese sistema que no ha dado el resultado esperado, tiene que pasar cada tres años durante lo que le resta de vida por quirófano. María está agotada, cansada de idas y venidas al hospital, impotente frente a la administración y deprimida. Su actividad deportiva, su trabajo profesional, sus relaciones sociales, sus actividades de ocio y tiempo libre, toda su vida, cambió después de que un mañana de octubre de 2005 entrara con plena confianza en un quirófano del que salió, apenas una hora más tarde, con un lesión que arrastrará durante toda su vida.

Pese a los esfuerzos de María, el asunto no ha podido resolverse por la vía administrativa con Sanidad. La respuesta de la administración sanitaria ante su petición para que asuma la responsabilidad por el supuesto fallo y sus graves consecuencias, con una incapacidad permanente e irreversible, es que la causa “ha prescrito”.

Madre de un hijo e incapacitada laboralmente por un tribunal médico en 2007, ha decidido interponer un recurso contencioso administrativo contra el Servicio Canario de Salud tras la denegación expresa de esta entidad pública de reconocer su responsabilidad patrimonial en el hecho que ha costado a María un 70% de discapacidad, tal y como acreditó en dos ocasiones un tribunal médico.

Recuerda el abogado de María que su defendida está en tratamiento psicológico y terapia de recuperación muscular, ambas costeadas de su propio bolsillo y argumenta que “cuando en el Hospital quisieron hacer caso a las quejas de mi defendida y remitirla al especialista, habían pasado ya dos años desde la intervención”. María y su abogado están decididos a llegar hasta el final de este proceso frente al Servicio Canario de Salud para demostrar que los hechos no han prescrito, dado que la declaración de incapacidad generada por la operación y con un grado de discapacidad del 70%, se produjo en 2013, valoración ratificada dos años más tarde por el mismo organismo oficial.

TE PUEDE INTERESAR