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Aumentan las adopciones nacionales en las Islas

La comunidad autónoma declaró en riesgo el pasado año a un total de 2.552 niños. DA

Las adopciones aumentaron en Canarias el pasado año. Mientras que en 2015 se contabilizaron en las Islas un total de 44 procesos, el pasado año la cifra ascendió hasta los 56 casos. No obstante, el aumento fue motivado, básicamente, por el incremento de adopciones nacionales, ya que pasaron de 19 a 36 procedimientos en apenas un año. Por contra, en el caso de las adopciones internacionales, la cifra cayó de las 25 formalizadas en 2015 a las 20 de 2016, según los datos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, a los que ha tenido acceso este medio.

En cuanto al número de acogimientos de menores que maneja el ente regional, las cifras se mantuvieron más o menos similares en los últimos dos años. Así, se registraron en 2015 un total de 1.985 acogimientos, mientras que al año siguiente el dato fue de 1.970. La principal variación se produjo con el tipo del procedimiento, ya que aumentaron los casos en los que los menores fueron a parar a un centro, frente a aquellos en los que se decidía que estuvieran con una familia.

En el caso de acogimiento familiar, el pasado ejercicio se contabilizaron un total de 864 procesos, una cifra considerablemente mayor a la de los doce meses anteriores, cuando 732 menores fueron a centros. En el acogimiento en unidades familiares, en 2016 la Consejería registró 1.106 menores, de los cuales 966 estuvieron en familiar extensas (parientes del menor), mientras que 140 fueron para unidades familiares ajenas.

El año anterior, la cifra de acogimiento familiar fue más elevada, alcanzando los 1.253 niños (casi 150 más), de los cuales 1.119 fueron con familias extensas y 134 a familias ajenas.

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En total, durante el pasado ejercicio, la Comunidad Autónoma declaró a 2.552 menores en riesgo, una cifra que no se diferencia de forma considerable con la de un año antes, puesto que en 2015 el dato de menores en riesgo alcanzó los 2.573 niños.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Familias de Acogimiento de Canarias, Francisco Oliva, cuestionó la labor realizada en los últimos años por el Gobierno de Canarias en esta materia, lo que provoca, entre otros motivos, que se reduzca el número de menores que son acogidos en núcleos familiares, favoreciendo a aquellos que van a centros. Insistió en que la ley dice que hay que fomentar el acogimiento familiar frente al residencial, algo que, a su juicio, “se ha perdido en Canarias en los últimos dos años”. Por ello, aseguró que muchas familias del programa se han “desilusionado” y han abandonado. En cuanto a la reducción de adopciones internacionales, Oliva explicó que se debe al incremento de trabas que se han puesto últimamente en los países emisores, como China o Rusia, lo que supone que el tiempo medio de espera se equipare a la adopción nacional (entre cuatro y cinco años) y al cambio de la ley española, que fomenta las adopciones.

El Gobierno revisará el sistema de financiación de los servicios de Infancia
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, adelantó ayer en Comisión Parlamentaria de Asuntos Sociales que convocará la Conferencia Sectorial de Menores para “revisar la financiación de los costes plaza-día y el funcionamiento de los recursos que existen en atención a la infancia en Canarias”.

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En este sentido, la consejera destacó la importancia de esta convocatoria, “ya que no se ha reunido en los últimos dos años y urge la revisión de la financiación económica actual de las plazas”. Valido subrayó la necesidad de convocar también la Comisión Interadministrativa de Menores, un órgano colegiado que analizará las estrategia de protección de menores en situación de riesgo y protección, así como la revisión de la ley de Protección del Menor para adaptarla a la realidad social y a la nueva legislación estatal.

Valido resaltó la importancia de los programas de acogimiento familiar y apuntó la necesidad de su promoción mediante “campañas de sensibilización”, a la par que la revisión del papel de la red de los recursos residenciales.

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