El Ayuntamiento, condenado a indemnizar a un agente de policía

El Juzgado de lo Social nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, ha dictado una Sentencia que obliga a la corporación municipal a indemnizar económicamente a un agente de la Policía Local, que denunció por incumplimiento manifiesto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abonar una indemnización en aplicación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden Social.

El juicio se celebró el pasado día 30 de enero de 2017, donde estaban denunciados además del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, como codemandados el alcalde, el Jefe de la Policía Local y un Agente de la Policía Local que ejerce funciones de Jefe de Servicios, los cuales han sido absueltos. La sentencia recoge que “únicamente procede condenar a la Corporación demandada que es la quien ha incumplido la normativa en materia de prevención y quien debe responder de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador”.

Se reconoce al actor a una indemnización al calificar la sanción en leve en su grado máximo tope superior, y dice “De la documentación obrante y de las declaraciones testificales practicadas, se pone de manifiesto la existencia de una clara situación de pasividad e inactivad por parte de la Corporación demandada, que implica una flagrante y manifiesta vulneración de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, no habiéndose tramitado el protocolo vigente, en los términos establecidos” dándole con todo ello la razón al agente de la Policía Local demandante.

Dichos gastos para la corporación no quedan solo en una indemnización a un trabajador, ya que a esta cuantía habrá que sumar los relativos a la defensa jurídica del Ayuntamiento por la contratación de un abogado externo, que tendrán que pagar ahora todos los contribuyentes de Santa Cruz de La Palma al haber sido condenado el Consistorio, debiendo recordar que existen actualmente otros casos similares que pudieran tener el mismo desenlace para la corporación.

Con esta Sentencia “novedosa en Canarias”, el Juzgado de lo Social abre a su vez la vía Contencioso Administrativa al demandante por ser Funcionario Municipal, para reclamar por los daños ocasionados por el Acoso Laboral que ha venido sufriendo según la sentencia.