Un informe de la Policía Local de La Laguna fechado el 24 de mayo de 2011 detectó hasta un total de 91 vehículos con daños de los 104 que inspeccionó en el interior del depósito municipal ubicado en la calle Espinero, donde se guardaban los retirados de la vía pública por el Servicio de Grúas. Precisamente, la presunta venta ilegal de piezas extraídas de dichos vehículos cuando permanecían bajo la custodia del Ayuntamiento de la Ciudad de los Adelantados es uno de los temas que hoy sigue investigando un juzgado lagunero, en diligencias abiertas tras la denuncia presentada por extrabajadores de la empresa concesionaria de las grúas municipales por aquel entonces.
Las posibles irregularidades acaecidas en relación con dicho servicio, en algún caso clamorosas, son también objeto de investigación por parte de una comisión municipal en la que ya ha declarado el actual alcalde, José Alberto Díaz, que en aquella época era el responsable del área en cuestión. Su antecesor al frente del Consistorio, Fernando Clavijo (hoy presidente del Gobierno de Canarias), también está relacionado con el caso, por cuanto denunciantes como el propietario de una de las antiguas concesionarias, el empresario José Padilla, denunció tanto ante la Guardia Civil como en la referida comisión que participó directamente en varias de las gestiones ahora en entredicho.
Respecto al informe de la Policía Local lagunera de 2011, se trata del segundo documento de estas características, ya que el primero es de dos meses antes. El dato no es nada baladí, ya que la venta de Padilla a un grupo de siete trabajadores a los que se vincula con Clavijo se produjo en abril. Además, la denuncia de los extrabajadores se produjo al año siguiente. La conclusión es obvia: el Ayuntamiento conocía que había indicios de irregularidades en el depósito, pero siguió adelante con la operación de cambio de la concesión, que finalmente hubo que intervenir, dado que la crisis económica de la empresa, tras el cambio de propietario, se agravó apreciablemente, acumulando deudas con distintas administraciones y proveedores. Curiosamente, entre los vehículos descritos en el informe de la Policía Local hay alguno que, con posterioridad, apareció desguazado.
Entre los daños descritos en el informe de mayo, realizado por la Unidad de Servicio de Paisano de la Policía Local, hay de todo. Lo más habitual en el listado de 104 incidencias son las puertas abiertas, las roturas de cristales y el interior revuelto, pero también se repiten la falta de piezas en el motor, la ausencia de algún retrovisor y, en varias ocasiones, hasta la desaparición de una o varias ruedas. En algunos casos no quedó ni las placas de la matrícula o el volante. También las ópticas se echaron en falta en algún turismo y, todo un clásico, son varios en los que no está el equipo de música.
Aunque el hecho de que estos vehículos se encontrasen bajo custodia municipal se puso en cuestión en algún momento, lo cierto es que un informe del entonces concejal Antonio Pérez Godiño (que ha vuelto ahora al equipo de gobierno del Ayuntamiento lagunero) despeja cualquier duda al respecto: la Corporación era la encargada de velar por la seguridad de dichos vehículos. También se apuntó la posibilidad de que se tratasen de vehículos para el desguace, pero en ese caso deberían haber sido retirados del lugar y trasladados a donde procede, que es una empresa de desguaces contratada a tal fin.
La oposición decide la semana que viene si acude a la Fiscalía
Los grupos que conforman la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna (XTF-NC, Unid@s se Puede y dos concejales del PSOE) decidirán la semana que viene si finalmente optan por abandonar la comisión municipal que investiga el caso Grúas y acuden a la Fiscalía para denunciar las averiguaciones resultantes de la misma. Tal posibilidad se baraja al entender que los trabajos de la comisión han llegado a un punto muerto y que, por otra parte, se aprecian indicios suficientes sobre posibles irregularidades que a su juicio deben ser analizados por el Ministerio Público para dilucidar si pueden ser constitutivos de delito.
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