Duro varapalo al Colegio de Abogados por desoír las quejas de una lagunera

Serena Guidi, una peluquera de La Laguna, pidió en 2014 abogado de oficio para demandar a una mutua por las secuelas físicas que sufre debido a un alta médica incorrecta. A día de hoy aún no ha podido formalizar la demanda que pretendía. Ni podrá hacerlo nunca, pese a que le han asignado varias abogadas de oficio. Su historia pone los pelos de punta cuando la cuenta, acompañada siempre de un pesado montón de escritos que ha presentado ante el Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, el Parlamento canario y el Diputado del Común.

Precisamente, esta última institución acaba de comunicarle que ha declarado la actuación del decano del Colegio Oficial de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (Icatf) “obstruccionista y entorpecedora” de las funciones del organismo que preside Jerónimo Saavedra, pues no respondió a ninguna de sus “reiteradas” solicitudes de que emitiera un informe sobre el asunto que denunció la afectada. En un escrito fechado el 5 de marzo, Saavedra le comunica a Serena que tal declaración contra el decano del Icatf será comunicada al Parlamento de Canarias e incluida en el Informe Anual del Diputado del Común, que ya se encuentra en la Cámara autonómica. Un auténtico varapalo a la entidad colegial de la abogacía tinerfeña. Aunque no supone ninguna sanción ni denuncia añadida, sí implica un cuestionamiento de su imagen, por cuanto se trata nada menos que de un organismo que, en convenio con la Consejería de Justicia del Gobierno canario, garantiza con sus colegiados la tutela judicial efectiva a las personas sin recursos económicos, como Serena Guidi, para que puedan ejercer la defensa de sus derechos ante los tribunales, tal cual mandata el artículo 119 de la Constitución Española y se regula en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

UNA PESADILLA CON EL TURNO DE OFICIO

La increíble, pero cierta, historia de Serena Guidi comienza cuando en 2014 sufre un accidente laboral y su mutua le da el alta. Tiempo después, gracias a los médicos de la sanidad pública que la trataron, operaron y rehabilitaron, confirma que los problemas de salud que padece son por un incorrecto diagnóstico de la mutua.

Tras esperar casi dos años, nombrársele tres abogadas de oficio diferentes, esta ciudadana lagunera en paro, cuya queja se llegó a tratar el pasado año en un pleno del Parlamento canario, asistió atónita a cómo su tercera abogada de oficio en julio de 2016 presentó una demanda judicial contra la Seguridad Social solicitando su incapacitación total, lo que le obligó a desautorizar ante un juzgado a su letrada. Pidió entonces una cuarta abogada para denunciar por mala praxis a la anterior e intentar que continuara su caso, pero, según Serena, como si estuviera en un callejón sin salida, “se quitó el caso de encima” y ahora está a la espera de que el Colegio Oficial de Abogados le asigne la quinta letrada.

Esta tinerfeña asegura que cuando tuvo abogada de oficio por primera vez estaba a tiempo de demandar a la mutua, pues existe un plazo legal para hacerlo, y está convencida de que “el obstruccionismo” que ha sufrido ella en este caso, y el propio Diputado del Común, tiene que ver con que en algún momento se produjo un error o una cadena de errores que nadie quiere asumir (incluso al principio le indicaron la vía civil, pero luego cambiaron a la laboral).

Sospecha Serena que puede ser víctima de corporativismo, por temor a que alguien tenga que asumir una indemnización por daños y perjuicios. Solo sabe que con ella han utilizado sus representantes legales el argumento de la “insostenibilidad” de la demanda, y, pese a la falta de ayuda del Icatf, gracias a un vigilante de seguridad supo que era en el Tribunal de Justicia de Canarias donde podía conseguir más información, si bien descubrió que en el informe de su segunda abogada de oficio las fechas no cuadraban y se apuntaban hechos falsos no recogidos en sus informes médicos, como que ella se había caído después del accidente laboral. Tras su queja tratada en un pleno del Parlamento en 2016, el entonces viceconsejero de Justicia, Manuel Fajardo, se llegó a interesar por el caso, y se reunió con ella. También lo hizo con directivos del Colegio de Abogados, del cual, desde noviembre de 2015, es decano José Manuel Niederleytner García-Lliberós.

Y, para presentar su queja, también mantuvo un encuentro con Jerónimo Saavedra, para quien, además de para su equipo, solo tiene palabras de gratitud. “Les estaré eternamente agradecida, porque se han movido, me han escuchado, se han portado muy bien y han intentado ayudarme como nadie lo había hecho”, expone Serena, emocionada.

Insiste en que quiere “que se haga justicia” y que “en algún momento de esta tortura” que vive haya “una luz al final del túnel”. Con la carta del Diputado del Común en la mano, Serena ha acudido a la Fiscalía provincial, donde le recogieron la documentación de su caso para examinarlo. “Seguiré hasta el final, porque no es justo que se perjudique a una ciudadana sin recursos económicos que solo busca justicia y, en cambio, se encuentra con una pared cada vez más alta”, afirma esta lagunera. Confiesa que esta odisea por la que está pasando le ha perjudicado “a nivel emociona”, pues cree que se han vulnerado sus derechos constitucionales, y hasta ha tenido que tomar ansiolíticos por primera vez en su vida.

En junio del pasado año, en un pleno parlamentario, la diputada de CC-PNC Socorro Beato asumió su pregunta y se la hizo al entonces consejero de Justicia, Aarón Afonso, quien manifestó que se solidarizaba con esta ciudadana y puso “a su disposición todas las medidas que pueda efectuar la Consejería con los colegios profesionales para que estas situaciones no se vuelvan a repetir”.

Quiere que, con su ejemplo, nadie más vuelva a pasar por una situación como la suya, “por la dejadez y el abandono del turno de oficio”, donde, pese a todo, cree que hay excelentes profesionales, y no desea generalizar, aunque reconoce que ella ha tenido “muy mala suerte”. Defiende que, en este servicio público, debe velarse por unos plazos rápidos para que los usuarios del turno de oficio sean atendidos, teniendo en cuenta además el riesgo de prescripción de los hechos que se quieran denunciar, así como que se controle la carga de trabajo de estos letrados. Serena insiste en lo indignante que resulta el que, por no tener dinero para pagar a un representante legal, deba pasar este calvario, mientras que, de habérselo podido costear, ya tendría su demanda presentada. “Solo quiero justicia”, remacha.