La Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) denuncia que los gobiernos municipales de PP-CC gastaron entre 2011 y 2016 más de 325.000 euros en servicios jurídicos prestados al Ayuntamiento por diferentes empresas y profesionales, cuando el Cabildo de Tenerife ofrecía asistencia jurídica.
La formación asamblearia subraya que a esta cifra hay que añadirle casi 110.000 euros más de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, lo que hace un total de 435.000 euros, sin contar los pagos por servicios jurídicos prestados al Organismo Autónomo Local (OAL) y a la empresa pública Pamarsa.
El portavoz de la ACP, David Hernández, lamenta la falta de negociación y de voluntad de llegar a acuerdos por parte de PP-CC, lo que ha conllevado “un aumento desproporcionado de la conflictividad judicial del Ayuntamiento”. Así, asegura que “se presentan una y otra vez recursos en procesos que se saben perdidos, con el único fin de dilatarlos en el tiempo por razones de oportunidad partidista de PP y CC, algo que pagamos todos los portuenses de nuestros bolsillos”. Es lo que ha ocurrido, a su juicio, en los litigios relativos a la tasa de ocupación de la vía pública y a los conflictos con el personal municipal, entre otros.
Hernández sostiene que, “incluso en el caso de no haber podido contar con la asistencia jurídica gratuita del Cabildo, y dada la considerable cantidad de dinero destinado a este fin, al Ayuntamiento le habría salido más rentable contar con un servicio jurídico propio”. Todo ello demuestra, que “el eterno argumento de PP-CC de que no hay dinero para mejorar los servicios es una verdad a medias, ya que se trata de priorizar en qué se quiere gastar y en qué no”.
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