La fiscal general se desmarca del oficialismo y denuncia “ruptura del orden constitucional” en Venezuela

La MUD convoca una manifestación para este sábado en Caracas en defensa del "orden constitucional"
Mañana hay convocada una manifestación por la MUD en Caracas. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha desmarcado de la línea oficial impuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro y ha denunciado que las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dejan al Parlamento sin poder y a los diputados sin inmunidad, suponen una “ruptura del orden constitucional”.

Ortega Díaz ha aprovechado la comparecencia programada para este viernes para presentar el balance del Ministerio Público para señalar que
“en las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ se evidencian varias violaciones del orden constitucional”.

“Es mi obligación manifestar ante el país mi gran preocupación por tal evento”, ha dicho, tras lo cual ha recibido una gran ovación de los presentes que la ha animado a continuar con su alegato, exhibiendo un pequeño ejemplar de la Constitución.

“Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos que, respetando la Carta Magna, propicien un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. Que se debata de forma democrática, respetando las diferencias”, ha pedido.

Ortega Díaz ha defendido la necesidad de buscar “caminos institucionales que garanticen la paz y para que se superen los obstáculos que impiden actualmente brindar la calidad de vida que reclama nuestra población”.

Estas declaraciones de la fiscal general suponen un cambio radical en el discurso que Ortega Díaz ha mantenido durante los últimos años en apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro y al de su antecesor en el cargo, el fallecido Hugo Chávez.

El TSJ ha ratificado esta semana el “desacato” de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, ha advertido a los diputados de que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.

La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido una reunión “urgente” del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro.

El Gobierno de Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e ignominias”.
La Asamblea Nacional de Venezuela denunciará a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que redactaron el fallo que despoja de sus poderes a la sede legislativa, según ha informado este viernes el diputado opositor Juan Miguel Matheus.

Matheus, que también es abogado constitucionalista, ha avanzado en una entrevista concedida a Circuito Éxitos que en las próximas horas acudirán a la Fiscalía para denunciar a dichos magistrados, según informa el diario venezolano ‘El Nacional’.

El objetivo es que se determine que los miembros de la Sala Constitucional han cometido una falta grave, lo que permitiría a la Asamblea Nacional removerlos de sus cargos y sustituirlos por otros magistrados.

El presidente del Congreso, Julio Borges, ya advirtió el jueves, al pronunciarse sobre dichos fallos, de que los magistrados del TSJ “no van a salir impunes”. “Vamos a hacer las demandas necesarias dentro de Venezuela” y en “todas las instancias internacionales”, dijo.

El equilibrio de poder en el TSJ es clave en la actual situación venezolana. El ‘chavismo’ se encargó de asegurar la mayoría oficialista antes de que el nuevo Parlamento, controlado por la oposición, tomara posesión, el 5 de enero de 2016.

La Constitución encarga al alto tribunal el papel de árbitro en los conflictos que puedan surgir entre los demás poderes del Estado. Hasta ahora se ha decantado siempre a favor del Gobierno de Nicolás Maduro en sus disputas con el Parlamento.

EN “DESACATO”

El TSJ ha ratificado esta semana el “desacato” de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, ha advertido a los diputados de que carecen de inmunidad y ha asumido las competencias que constitucionalmente corresponden a la sede legislativa.

La mayoría de los países de la región y la Organización de Estados Americanos (OEA) han expresado su preocupación por lo que consideran una vulneración de los principios democráticos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha pedido una reunión “urgente” del Consejo Permanente para valorar la suspensión de Venezuela como país miembro.

El Gobierno de Nicolás Maduro se ha limitado a emitir un comunicado en el que denuncia una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e ignominias”.

LA MUD CONVOCA UNA MANIFESTACIÓN

La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado para este sábado una manifestación en Caracas en defensa del “orden constitucional” y ha urgido a las fuerzas de seguridad a “ponerse del lado del pueblo venezolano” tras el “golpe de Estado” perpetrado por el Gobierno de Nicolás Maduro.

“La MUD denuncia la derogación de la Constitución por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y la conformación de un golpe de Estado contra la República”, ha dicho la coalición opositora en un comunicado leído por sus líderes tras la reunión urgente celebrada este viernes.

La MUD se ha referido a los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “que asignan de manera ilegal competencias jurídicas, económicas y legislativas” a la Sala Constitucional y “eliminan la inmunidad parlamentaria”, “usurpando todos los poderes del Estado”.

El objetivo, ha afirmado, es permitir al Gobierno que se salte los controles legislativos “en beneficio de intereses particulares”. “Maduro quiere vender el país a sus amigos internacionales cómplices”, ha apostillado.

La oposición venezolana ha incidido en que estas sentencias están firmadas por “siete militantes del partido del Gobierno de dudosa reputación profesional y personal” que fueron nombrados “de manera ilegal y espuria por la anterior Asamblea Nacional” tras ser “derrotada”.

Esto supone “arrebatar al pueblo venezolano la Constitución que votó en 1999”, con lo que el TSJ “se ha colocado en desacato”. La MUD ha avanzado que el próximo martes, 4 de abril, se celebrará una sesión especial en la Asamblea Nacional para ratificar la vigencia de la “voluntad ciudadana” y “seguir actuando bajo sus competencias constitucionales”.

Así las cosas, la MUD ha hecho “un llamado urgente a todos los sectores del país a cerrar filas en defensa de la República y la Constitución”, empezando por una manifestación que ha convocado para este sábado en Caracas.

“Convocamos a todos los sectores a planificar y ejecutar acciones de protesta simultáneas, múltiples y diversas (…) a fin de confirmar un inmenso e indetenible movimiento de resistencia ante el golpe de Estado”, ha instado.

En concreto, ha apelado a “los hermanos de uniforme”. La MUD ha pedido a las fuerzas de seguridad que se sumen al “frente democrático”. “Decidan si quieren estar al lado del pueblo (…), como les corresponde, o al lado de un grupo que les humilla y les usa (…) Decidan si quieren ser hijos de Bolívar o custodios de Maduro”, ha señalado.

La coalición opositora ha subrayado que “este proceso de activación y movilización nacional no puede ser solo para expresar una rabia ni para provocar situaciones de anarquía de caos que se vuelvan en contra nosotros”.

La MUD se ha declarado dispuesta a llegar “hasta el final” y se ha reservado el derecho a “adelantar acciones”. En este sentido, ha considerado “necesaria y urgente la activación de mecanismos de presión diplomática” en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) “para lograr este año la realización de elecciones y resolver la tragedia social y la crisis política” en Venezuela.

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