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El mayor parque recreativo urbano de Canarias es una chapuza

Los cerca de dos millones de metros cuadrados de este enorme espacio recreativo siguen cerrados al público. DA

El proyecto del Parque Las Mesas parece el cuento de nunca acabar. La última peripecia del que aspiraba a ser el parque periurbano más importante de Canarias (1.860.000 metros cuadrados) es que no se puede abrir al público por incumplir la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Canarias.

Este es un episodio más de la interminable y rocambolesca historia de las obras de ampliación y mejora de la zona recreativa de Los Campitos, unos trabajos que se gestaron con un concurso de ideas resuelto en 2004 y que el Cabildo de Tenerife, concretamente el Área de Planificación Territorial, adjudicó en 2009 a la UTE Tinerfeña de Obras Públicas-Construcciones y Restauraciones Miguel Hernández Ventura por 2,3 millones de euros.

Hace siete años

Los problemas para realizar el proyecto surgieron desde el inicio de los trabajos, en 2010, y la contrata así lo advirtió en reiteradas ocasiones y por escrito al Cabildo de Tenerife. Una de estas incidencias fue que parte de los terrenos eran de titularidad privada y, por lo tanto, se requería modificar el ámbito de actuación previsto, cuestión que se realizó sin cumplir los mecanismos legales pertinentes.

Otra de las circunstancias que hizo constar la UTE fue la existencia de una línea eléctrica que sobrevuela la zona donde iba a ejecutar el Centro de Visitantes. Esta línea de alta tensión dificultaba los trabajos y debía ser soterrada, pero el soterramiento nunca se produjo y la contrata decidió paralizar parcialmente las obras por razones de seguridad. Además, y también lo comunicó la empresa a la institución insular, no existía abastecimiento de agua potable ni había un proyecto de vertido de aguas negras, con lo que dotar a la instalación de baños era imposible.

Carencias

Entretanto, la UTE recibió dos borradores de modificado del contrato en los que se le pedía que “recoja la realidad de la obra y su valoración económica”, que no aceptó porque adolecían de las mismas carencias que el proyecto original. El Cabildo, pese a conocer y admitir las dificultades, dio un ultimátum a la empresa y la conminó a terminarla en el plazo de un mes y a coste cero.

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En este punto, y ante la imposibilidad de concluir los trabajos, la contrata solicitó a la Corporación insular la resolución del contrato por incumplimiento de esta administración y la correspondiente indemnización.

El Cabildo desestimó esta solicitud e inició un expediente de resolución de contrato por graves incumplimientos del contratista. Sobre este asunto y a solicitud del propio Cabildo, el Consejo Consultivo de Canarias emitió un dictamen (231/2013 de 27 de junio de 2013) en el que concluye que no procede la resolución de la Corporación y que se debe tramitar y decidir sobre la presentada por la UTE.

Finalmente, la empresa, ante el incumplimiento en el pago de las certificaciones por parte del Cabildo, insta a la resolución del contrato, que se produce en enero de 2014. La liquidación de la obra se realizó de manera unilateral por parte del Cabildo, sin atender a los motivos alegados por la empresa, tal y como refleja un nuevo dictamen del Consejo Consultivo (423/2013 de 27 de noviembre de 2013), en el que se concluye que el proceder de la institución insular no es conforme a derecho. La falta de entendimiento entre Cabildo y adjudicatario también se extiende al IGIC de las facturas que la institución insular ha abonado a la empresa. La Corporación acordó que, al considerarse estas obras comunitarias, estaban sujetas a 0% de IGIC, pero la Agencia Tributaria ha exigido a la UTE el 7% de lo facturado y esta reclamó al Cabildo la diferencia sin que se atendiera su demanda. Ante estos hechos, la contrata presentó una queja ante el Diputado del Común, que califica de obstruccionista y entorpecedora la actuación de la institución insular, le recuerda sus deberes legales y le informa de que comunicará al Parlamento de Canarias el resultado de sus gestiones.

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Sentencia

Así las cosas, las obras el Parque Las Mesas acaban en los tribunales. La contrata reclama al Cabildo 1,5 millones de euros por las pérdidas ocasionadas y una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº2 de Santa Cruz de Tenerife de 2016 anula la liquidación de la obra de enero de 2014 realizada por el Cabildo, porque no cumplió los requisitos que exige la Ley de Contratos del Sector Público y no se produjo una liquidación real. Esto obliga a la Corporación insular a realizar una liquidación que satisfaga los perjuicios causados a la UTE.

Con la obra paralizada, el Cabildo encomendó en 2015 a la empresa pública Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, Gestur Tenerife, la licitación de la terminación de la zona recreativa del Parque Las Mesas, valorada en 714.474 euros. En 2016, la Corporación admitió que se había incrementado la cuantía asignada en 200.000 euros más para resolver deficiencias detectadas en el proyecto. La institución insular licitó las obras del abastecimiento de agua potable, que exigió a la UTE hacer a coste cero, por 122.000 euros, además de un contrato menor de 49.956 euros y más de 5.000 para la dirección de obra.

Sin embargo, estas partidas no contemplan la conclusión del Centro de Visitantes, en el que ya se han invertido 539.000 euros y cuya obra está paralizada. Tampoco servirán para que se pueda disfrutar del área recreativa, porque el Parque Las Mesas no cumple las normas de accesibilidad y no puede ser abierto al público.

En resumen, la idea surgida en 2004 que aspiraba a dotar de un gran parque recreativo a la capital tinerfeña sigue estancada 13 años después sin que, por ahora, se atisben visos de solucionar los obstáculos que mantienen Las Mesas cerrado.

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