Santiago Pérez

El “paseíllo parlamentario” de la Ley del Suelo

Qué grado de degeneración habrán sufrido las instituciones del Archipiélago, para que hoy -35 años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía- la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores se permita calificar de “paseíllo parlamentario” al procedimiento legislativo para la aprobación de la futura Ley del Suelo de Canarias.

Solo desde la absoluta ignorancia y desde el desprecio al Estado democrático de derecho y al Parlamento de Canarias, “órgano representativo del pueblo canario” del que “emanan los poderes” de sus instituciones democráticas (artículos 1, párrafo 2, y 9.1 del Estatuto de Autonomía), puede permitirse un ramo del poder económico de estas Islas, por influyente que sea, utilizar con la mayor naturalidad expresiones propias del neofascismo emergente en la hora actual de los muy civilizados países occidentales.

Corría el año 1929, preludio de dos décadas dantescas, cuando Hermann Heller publicó el artículo ¿Estado de derecho o dictadura?, en el que reseñaba cómo para algunos profesores alemanes de Teoría del Estado -precursores del advenimiento del nazismo- calificaban de moderna forma de Estado a la dictadura y de anticuado clisé constitucional al Estado de derecho. Me vino inevitablemente a la memoria al leer, indignado, el comunicado de la AECP.

¿Qué ambiente respecto a las instituciones representativas, qué concepto sobre la figura y el papel del presidente del Gobierno se habrán ido gestando en ciertos ámbitos empresariales para que los constructores y promotores le dicten al Parlamento que el Proyecto de Ley del Suelo se convierta en Ley de acuerdo con el texto inicial con meros ajustes técnicos y “no sustanciales”? ¿Para permitirse hablar en nombre del interés general y tachar a los grupos parlamentarios de “cortoplacistas endémicos”?

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En el Estado de derecho el procedimiento legislativo es el procedimiento más importante y el que debe estar revestido de las mayores garantías de respeto al principio de contradicción y, por tanto, al pluralismo político. Precisamente porque su objeto es identificar el interés general y convertirlo en Ley, en norma jurídica cuya autoridad se impone sobre el Gobierno y la Administración y sobre el poder Judicial, dado que los jueces y magistrados están “únicamente sometidos al imperio de la ley”, según la Constitución española.

Estoy convencido de que los representantes de los constructores y promotores no se habrían atrevido a expresar, ni de lejos, tanto desprecio al Parlamento y a las instituciones democráticas en los primeros tiempos de la autonomía. Ni se habrían atrevido a tratar como tratan a Clavijo y a su Gobierno a ninguno de los anteriores presidentes autonómicos, de Jerónimo a Paulino.
Si algunos personajes poderosos, a la escala de estas islas asirocadas, están tan envalentonados para despacharse así es porque les han hecho creer que las instituciones son su coto privado de caza, las leyes canarias, la simple elevación de sus intereses al rango de norma obligatoria para todos, y que el presidente del Gobierno es un hombrecillo al servicio de ellos.
En mi opinión, estas cosas solo ocurren cuando un régimen político, el establecido en Canarias desde la moción de censura de 1993 (traición fundacional de Coalición Canaria), está en decadencia y así lo perciben los poderosos.

Clavijo se ha ganado a pulso ese desprecio. Lo malo es que al mismo tiempo que le han perdido el respeto a él, se lo han perdido a las instituciones, a la democracia y a todos nosotros. La forma de designar a los consejeros de Economía y Sanidad son un test de situación inapelable.

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El desvalimiento de los intereses generales de los canarios, la degradación de los servicios públicos y las políticas sociales, la perpetuidad de unas normas electorales que minan la legitimidad democrática del Parlamento e impiden la alternancia política, que es consustancial a la democracia, el restablecimiento de todas las modalidades de censura para dificultar la formación de una opinión pública libre dibujan un panorama que la sociedad canaria no debe tolerar ni un minuto más.

Por eso es un deber inaplazable de quienes nos sentimos canarios y demócratas poner manos a la obra para reconstruir una democracia y una autonomía que merezcan esos nombres, antes de que este Régimen ocasione daños irreversibles al presente y al futuro de Canarias, es decir, a los canarios y a las canarias.

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