Las denuncias de las protectoras de animales son continuas. Una y otra vez se dirigen a las administraciones para hacer notar una situación, que por común, no deja de ser irregular: los asentamientos, construcciones o chabolas, ubicadas en los cauces de los barrancos, en los que habitan animales, la mayoría perros de caza, pero también cabras, gallinas o hurones. Ayer, en el Pleno de Santa Cruz, Ciudadanos presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, en la que se insta a las administraciones competentes a cerciorarse de la legalidad de las instalaciones por un lado y de la situación de los animales por otro. El Ayuntamiento de Santa Cruz se comprometió a iniciar las inspecciones, de la mano del área de Salud junto a agentes de la Proteu, para comprobar el estado de estos animales.
Los barrancos de María Jiménez, La Salud, Suculum, Valleseco o el de Santos, son algunos de los enclaves que protectoras señalan como lugares en los que se hacinan perros de caza, la mayoría podencos y que, aseguran, se encuentran “malnutridos, encadenados, habitando en zulos y todo ante al permisividad municipal”, según detalló Francisca Gutiérrez, portavoz de la protectora Proderecho Animal (Prodea), que intervino en el Pleno dentro del turno de participación ciudadana. Según la activista, “el cauce de los barrancos, además de ser responsabilidad del Consejo Insular de Aguas, también lo es del Ayuntamiento que tiene potestad de proteger el bienestar de los animales en todo el municipio”. Gutiérrez insistió en que Santa Cruz haga honor a su título de ciudad amiga de los animales. “No basta con hacer el Día de la Mascota o Gente Gua en el parque La Granja, el resto de animales, los que no tienen la protección de un hogar, son los que más necesitan de esa ayuda”.
Primeras inspecciones
El concejal de Sanidad y Medio Ambiente, Carlos Correa, apuntó que su área ya trabaja en este tipo de inspecciones gracias a las denuncias que llegan al Ayuntamiento. “Hemos hecho muchas inspecciones e incluso ya se cursa el derribo de algunas de estas instalaciones una vez constatada su ilegalidad”.
Correa detalló que ya ha mantenido reuniones con el fiscal jefe de Canarias para abordar los casos maltrato y buscar un protocolo de actuación rápido ante la constatación de esas situaciones. “En este asunto tenemos tolerencia cero y no solo tiene que actuar el Ayuntamiento sino también el resto de administraciones y fuerzas de seguridad”, añadió el alcalde, José Manuel Bermúdez.
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