Eduardo Bezares es el representante de transportes de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) y señala que lo que está ocurriendo con el decreto se observa con preocupación. Precisa que la única manera de volver a ser competitivos es a través de la liberalización.
-Los estibadores achacan este decreto que se acaba de derogar al interés de capitales chinos en adquirir la empresa Noatum.
“Creo recordar que las primeras compras en este ámbito del grupo JP Morgan fueron en 2010 a Dragados y, en los antecedentes de la sentencia de la UE de ese mismo año, verá que la comisión apercibe por primera vez al Gobierno de España en 2011 por una posible infracción de la normativa europea; es decir, hay coincidencia de fechas. También es un hecho que un abaratamiento de los costes laborales de estiba mejorará los márgenes de esa empresa y del resto de las que se dedican a la actividad en España”.
-Hay quien sugiere que son intereses de terminalistas del norte de Europa preocupados por el éxito de los puertos del sur.
“El conflicto, efectivamente, está desviando tráficos a otros países de la UE, y si atendemos al análisis de los costes de estiba encargado por el observatorio de servicios portuarios del Ministerio de Fomento en 2015, España tiene menores costes de estiba que los Países Bajos, por ejemplo, receptores por excelencia de los principales tráficos marítimos en Europa. Pero no me atrevo a asegurar que haya una relación causa efecto. La realidad es que si finalmente se reducen los costes de personal de la estiba (los más elevados por TEU), seremos todavía más competitivos”.
-¿Hay otros puertos europeos en situaciones similares que no están siendo sancionados?
“Es cierto que el modelo de estiba vulnera o ha vulnerado las normativas europeas en otros países. En Noruega, por ejemplo, resolvieron lo de la lista cerrada por la vía de la confrontación con la UE y acabaron sancionados precisamente hace un año. Otros, como el puerto de Amberes, por citarle uno que conozco, está sentado desde hace tiempo con la UE buscando soluciones, mientras que nosotros, por razones que ahora ya ni importan, hemos tenido el asunto en standby durante años”.
-¿Cómo ve lo que está ocurriendo con el decreto?
“Con preocupación y con cierto enfado. Mucho antes de la decisión de la Comisión, y en concreto en el año 2000, si no me falla la memoria, le presentamos desde Canarias a Loyola de Palacio, recién nombrada comisaria de Transportes de la UE, un profundo análisis jurídico soportando la necesidad de una liberalización del sector, y desde antes de esa fecha, ya animábamos al sector de la estiba a ir gestionando, desde dentro, su alineamiento organizativo y estructural con las directrices europeas. La estiba es cierto que ha ido haciendo pequeños cambios, aunque insuficientes; el Gobierno de España no ha hecho nada y de repente se descuelga con una propuesta incoherente e incompleta buscando atajos que no llevan a ninguna parte. Mire, en este conflicto todos tenemos que perder”.
-¿Ve alguna salida, ahora que hay que volver a negociar?
“Creo que las partes avanzan hacia un mismo punto, pero no a la velocidad debida. Para mí, la solución pasa por acordar el punto dos de la propuesta de la patronal Anesco, que dice que se permita que las empresas puedan dirigir los trabajos, que haya polivalencia, movilidad y flexibilidad en los nombramientos, y que se ajusten el número de trabajadores y de horas de trabajo a las necesidades reales”.
-¿Y qué le parece que las empresas tengan que pagar parte de esos 500 millones de euros que piensa aportar Empleo?
“El dinero que ingresan las autoridades portuarias viene directa o indirectamente en su mayor parte de los dueños de las mercancías, de los pasajeros y de los concesionarios de los puertos, y, desde tiempo inmemorial, entre todos o casi todos hemos estado pagando de manera solidaria cánones para prejubilaciones o para el mantenimiento de la plantilla de los estibadores. Como representante del empresariado, le puedo decir que la medida no nos gusta nada, pero que no es nada nuevo y solo anima pensar que pueda ayudar, quizás incluso por última vez, a una transición sin traumas a las personas afectadas y a sus familias, y a que se llegue finalmente a un acuerdo que beneficie a todos”.
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