Mazo tiene, entre sus tareas pendientes y según destacó en declaraciones a este periódico el responsable municipal de Urbanismo y Planeamiento, Julián Rodríguez, la ejecución del Plan Especial de Regeneración del Litoral de La Bajita. El documento redactado por la empresa pública dependiente de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Ejecutivo canario, Gesplan, reconoce que “es preciso una regulación inmediata debido a su situación contigua con el sistema general insular del aeropuerto que los convierte en primera imagen para los visitantes de la isla”.
Pese a que cualquier ordenación en este núcleo de población constituido por casetas en el litoral de Mazo y a escasa distancia de la puerta de entrada de cientos de miles de turistas a una isla ya de por sí con problemas para fidelizar al visitante, resulta altamente impopular y motivo de preocupación por los sucesivos grupos de Gobierno en el Ayuntamiento de Mazo, la aplicación del plan, según los técnicos es una tarea pendiente que hay que asumir. Dice el propio documento oficial que la situación actual en La Bajita, ocupada por viviendas en precario, que “esta situación pone en evidencia dos intereses contrapuestos: el interés privado de los propietarios y el interés público urbanístico. La balanza se desequilibra en favor de este último en base, fundamentalmente, al artículo 33 de la Constitución Española que, tras proclamar el derecho de propiedad, relativiza el mismo condicionándolo a la función social que ostenta”. Subraya el documento oficial redactado por Gesplan que “de esta manera, se produce una limitación sobre el ejercicio del derecho de propiedad”.
El documento oficial reconoce abiertamente que “no es compatible pretender una isla ambientalmente cuidada y respetuosa con el medio ambiente con esa primera imagen paisajística y ambientalmente tan aciaga” a la entrada del aeropuerto palmero.
El Plan Especial de Regeneración de la Bajita, que está incluido como zona sensible del municipio con otros tres planes de actuación, forma parte del Plan General de Ordenación de Villa de Mazo, y afecta a un total de 88.891 metros cuadrados de superficie en un suelo considerado de interés geomorfológico. Aunque no se habla en el documento de la eliminación de las construcciones que ocupan la costa, como sí ha ocurrido en otros casos como en Los Guirres, en Los Llanos de Aridane, y en la playa de El Faro, en Fuencaliente, por la invasión del dominio público marítimo terrestre, sí se insta al Ayuntamiento a establecer las reservas de suelo y las condiciones de implantación de las edificaciones e instalaciones destinadas al servicio de los bañistas. También se cita la necesidad de establecer reservas de suelo para aparcamientos y paradas de guaguas, y solucionar adecuadamente la conexión entre éstas y la carretera.
La recuperación paisajística del entorno, así como de los valores geomorfológicos de la costa y proporcionar espacios para esparcimiento destinados a usuarios de la playa, son algunas otras exigencias del documento técnico, que recuerda que esta zona de la costa “ha estado tradicionalmente deshabitada y hasta hace pocas décadas sólo se podían encontrar pequeños núcleos de pescadores formados por casetas para barcas”, algo que ha dado lugar en los últimos años a “nuevas construcciones marginales y de carácter muy precario utilizadas para el veraneo por aquéllos que habitualmente residen en las medianías”.
La progresiva consolidación de las construcciones, que eran inicialmente de madera y fueron pasando en gran proporción a ser de muros de fábrica, ha propiciado que actualmente sean auténticos núcleos de población sin unas condiciones mínimas de salubridad y ambientales, muy lejos de presentar una imagen urbana.
Desde el Ayuntamiento están obligados legalmente, siguiendo la recomendación de técnicos y en base a la normativa estatal de Costas, a dotar esta zona de baño del litoral palmero de condiciones de accesibilidad y seguridad, crear sendas peatonales y “prohibir o limitar los usos que sean lesivos para lograr la regeneración paisajística y ambiental”. También debe el consistorio que preside el alcalde nacionalista José María Pestana, “establecer las medidas adecuadas para la preservación de las vistas desde la carretera hacia la ribera del mar, delimitar las reservas de suelo y las condiciones de implantación de las edificaciones e instalaciones destinadas al servicio de los bañistas”.
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