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Advierten de posibles “intereses urbanísticos” en la Ciudad de la Justicia

De izquierda a derecha, Astor Landete, Juan Luis Lorenzo Bragado, Carmen Almendral y José Manuel Niederleytner, entre otros representantes de los colectivos judiciales, dieron a conocer ayer su plan de actuación. Fran Pallero

Los diferentes operadores jurídicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife han conformado una plataforma con el fin de mostrar su rechazo al plan del Gobierno de Canarias de edificar la futura Ciudad de la Justicia en El Sobradillo. Frente a esta postura, jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, procuradores y funcionarios se han unido para exigir que se vuelva a los planes iniciales y se construya esta infraestructura en el barrio de Cabo Llanos, en el centro de la capital. Esta agrupación sostiene que su demanda está basada no solo en los intereses de los trabajadores, sino en el interés general, según afirmaron ayer los distintos portavoces en una rueda de prensa.

En cuanto a los motivos que detectan pueden haber influenciado en la decisión de la Consejería de Presidencia regional, que dirige José Miguel Barragán, para llevar hasta el distrito Suroeste la Administración de Justicia, el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, advirtió de la existencia de posibles “intereses urbanísticos”. “Creemos que se confunde el interés urbanístico con los intereses de la justicia”, aseveró, a la par que insistió en que “lo que está en juego es el interés del poder judicial y de los ciudadanos”.

Astor Landete recalcó que el colectivo de reciente creación está “abierto al diálogo” y se mostró “convencido de que ha habido un error de cálculo por parte del Gobierno de Canarias”, al que instó a cambiar de criterio. Del igual modo, añadió que los mismos problemas urbanísticos que se detectan en las parcelas de Cabo Llanos aparecen también en El Sobradillo, “ya que el Plan General de Ordenación (PGO) está suspendido”. Además, aclaró que la propuesta del centro de Santa Cruz es “mucho más barata”, pues solo supone construir un edificio.
El presidente de la Audiencia Provincial agradeció que el Ejecutivo impulse la edificación de un nuevo Campus de Justicia, aunque manifestó que se equivoca en el emplazamiento. Recordó que la idea de construir un nuevo edificio data de hace 12 años y precisó que ya en ese momento se descartó sacarlo fuera de la ciudad. “Los tres poderes tienen que estar cercanos a los ciudadanos y llama la atención que se intente alejar uno”, dijo. Explicó que se ha optado por el suroeste para buscar una parcela de 22.000 metros cuadrados, pero aclaró que con menos espacio, unos 12.000 metros, como la Ciudad de la Justicia de Las Palmas, es suficiente, una “dimensión que entre el actual Palacio de Justicia y la parcela cercana a este se puede cubrir”.
El juez decano de la provincia, Juan Luis Lorenzo Bragado, añadió que la Administración ha “tratado de imponer su criterio”, motivo que auspició la creación de la plataforma para frenar “este plan sin fundamento”. Asimismo, manifestó que la mejor opción es utilizar el terreno ubicado en Cabo Llanos, a pocos metro del actual Palacio, ya que con ello se puede ofertar una “justicia accesible”. Puntualizó que “si hay voluntad política, esta solución es viable”. De hecho, manifestó que el Gobierno tiene fórmulas legales para suspender el Plan General a través del artículo 47 de la Ley del Suelo e instó al Ayuntamiento de la capital a ser “coherente” y apostar por la ubicación del centro de la ciudad, tal y como recoge su propio planeamiento urbanístico.

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Lorenzo Bragado denunció, en el caso del emplazamiento en El Sobradillo, la “ausencia de un verdadero proceso participativo, la excesiva lejanía, el aislamiento con respecto al área administrativa de la ciudad, la deficiente conectividad y la inexistencia de los estudios de movilidad e impacto ambiental”. El juez decano anunció, también, un plan de actuación por parte de la plataforma, en la que están “todos los operadores unidos”, que prevé la personación en el expediente, el estudio y ejercicio de las acciones para la revisión jurisdiccional, la petición de diferente documentación y la solicitud de reuniones con el Gobierno regional. Por último, puso como ejemplo el caso de Las Palmas de Gran Canaria, cuando los miembros del sistema judicial evitaron el traslado a las afueras de la ciudad.

La fiscal jefe provincial, Carmen Almendral, hizo hincapié en que en el año 2007, aproximadamente, la opción de El Sobradillo se descartó “por la lejanía y la difícil accesibilidad”. Criticó que en una reunión mantenida en febrero con la Consejería se planteó está opción, pero se enteraron un mes más tarde de que la decisión ya era firme, tomándose, a su juicio, a “espaldas de los profesionales”.

El decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, recalcó “la unidad sin fisuras” por parte de esta plataforma en el rechazo a la propuesta del Gobierno de Canarias. Recalcó que el sector trabaja para los intereses de los particulares, de sus clientes, que “son los que realmente se verán afectados por el traslado”. Afirmó que “la Justicia es el tercer poder y se merece más representatividad en el entorno de la Administración y en el corazón de la Isla”.
La presentación de este colectivo contó también con representantes de los secretarios judiciales, los funcionarios de la administración de Justicia y del Colegio Oficial de Procuradores, quienes avalaron el rechazo a la edificación en El Sobradillo.

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El Ejecutivo regional insiste en defender el “interés general”

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, ante las quejas manifestadas por las cúpulas de algunos operadores jurídicos de Santa Cruz de Tenerife, aclaró que la comunidad autónoma tiene atribuida por ley la competencia para la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la autonomía. Por ello le corresponde adoptar la decisión sobre el tipo de infraestructura que se va a construir a fin de ampliar la actual de la capital tinerfeña y su ubicación, que solo cabe adoptar con arreglo al interés general de la ciudadanía, que es quien recibe este servicio, y no de agentes concretos en función de los suyos particulares. “No podemos permitir que los operadores jurídicos secuestren la decisión sobre la ubicación apelando a una falsa necesidad de consenso ni que pongan en cuestión la legitimidad de la Administración para actuar”, dijo.

El PSOE pide al Parlamento apoyo para el nuevo palacio de Justicia en Cabo Llanos

Vicente Pérez, Santa Cruz de Tenerife

El PSOE defenderá en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para instar al Gobierno regional a que, a su vez, haga lo propio ante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con el fin de mantener el nuevo palacio de Justicia en la ubicación inicialmente prevista, Cabo Llanos.

Para ello, el PSOE pide instar a que tanto el Consistorio como el Gobierno hagan “las gestiones administrativas y urbanísticas necesarias”; y, en el caso del Ejecutivo regional, las precisas en relación al suelo de la comunidad autónoma en dicha zona de la capital. En la propuesta, que defenderá el diputado Gustavo Matos, también se propugna instar al Gobierno regional a mantener encuentros con todos los colectivos profesionales y sociales vinculados a la administración de Justicia para consensuar la ubicación de esta nueva sede.

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