Caso Las Teresitas: duras condenas a políticos, empresarios y funcionarios municipales

La Audiencia Provincial ha condenado a siete años de cárcel al exalcalde Miguel Zerolo y el exresponsable de Urbanismo Manuel Parejo, cinco años y tres meses para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia y cuatro años para José Tomás Martín y Víctor Reyes. Absueltos José Emilio García Gómez y Emilio Fresco
Playa de Las Teresitas. / F. P.

La sentencia del caso Las Teresitas condena con dureza a políticos y empresarios, pero absuelve a más de la mitad de los acusados que se sentaron en el banquillo. La peor parte es para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, con una pena de siete años de prisión para cada uno. A los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia les corresponden cinco años y tres meses de prisión a cada uno, mientras que José Tomás Martín y Víctor Reyes, exgerente y exsecretario de Urbanismo respectivamente, son condenados a cuatro años de prisión cada uno. Por el contrario, son siete los absueltos: los exportavoces municipales de PSOE y PP por aquel entonces, Emilio Fresco y José Emilio García Gómez; los empresarios Carlos Plasencia y Pedro González; y los funcionarios José Luis Roca, Antonio Messía de Yraola y José Eugenio de Zárate.

La vertiente económica de la sentencia es especialmente llamativa, por cuanto los seis condenados tendrán que abonar 52,58 millones de euros (más intereses) al Ayuntamiento capitalino solidariamente con las empresas Inversiones Las Teresitas, Promotora Punta Larga SA y Promotora La Victoria SL. Es decir, que pueden repartirse el pago entre esas seis personas físicas y los tres entes jurídicos referidos como mejor entiendan. Además, los seis condenados tendrán que indemnizar al Consistorio local con otros 9,16 millones de euros.

La sentencia, que será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo y que fue adelantada por www.diariodeavisos.com, fue comunicada a las partes poco antes de las nueve y media de la mañana desde la Audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuya Sección Segunda ha juzgado el mediático caso tras una larguísima instrucción que, finalmente, descartó la acusación por cohecho.
Los delitos por los que se condena a estas seis personas son malversación de fondos públicos y prevaricación. El tribunal entiende que Zerolo y Parejo son autores de ambos delitos, mientras que los otros cuatro son penados como cooperadores necesarios en el caso de la malversación.

Básicamente, la condena se justifica al considerarse probado que los terrenos del frente de la Playa de Las Teresitas fueron comprados por el Ayuntamiento en 2011 con un notable sobreprecio respecto a su valor real, cifrándose la cantidad malversada en unos 40 millones de euros. En la resolución judicial se sostiene que los entonces principales responsables municipales (Zerolo, Parejo, Tomás y Reyes) manipularon el precio para lucrar a los dos empresarios condenados.

En concreto, las penas a los acusados son las siguientes:

Miguel Zerolo: Siete años de cárcel, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seis meses como autor de un delito de malversación; y como autor de un delito de prevaricación, a una pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de carácter electivo en el ámbito local que permita participar en el gobierno municipal, así como para el desempeño de cargos o empleos análogos a los anteriores en el ámbito insular, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses.

Manuel Parejo, como autor de un delito de malversación,a una pena de siete años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, e inhabilitación absoluta durante diecisiete años y seismeses; y como autor de un delito de prevaricación, a una pena de inhabilitación especial para los cargos de alcalde, teniente de alcalde, concejal o cualquier otro de carácter electivo en el ámbito local que permita participar en el gobierno municipal, así como para el desempeño de cargos o empleos análogos a los anteriores en el ámbito insular, autonómico o estatal durante ocho años y nueve meses.

Víctor Reyes Delgado, como cooperador necesario de un delito de malversación, a una pena de prisión de cuatro años y seis meses con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación absoluta durante catorce años; y como autor de un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante ocho años.

José Tomás Martín González, como cooperador necesario de un delito de malversación a una pena de prisión de cuatro años con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación absoluta durante doce años; y como autor de un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años y seis meses.

Antonio Ramón Plasencia: como cooperador necesario de un delito de malversación, a una pena de prisión de cinco años y tres meses, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales consistentes en la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante el tiempo de la condena y a una pena de inhabilitación absoluta durante catorce años; y como cooperador necesario a un delito de prevaricación a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años.

Ignacio Manuel Cándido González Martín: como cooperador necesario de un delito de malversación, a una pena de prisión de cinco años y tres meses, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales consistentes en la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante el tiempo de la condena y a una pena de inhabilitación absoluta durante catorce años; y como cooperador necesario a un delito de prevaricación, a una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público durante siete años.

Miguel Zerolo Aguilar, Manuel Parejo Alfonso, Juan Víctor Reyes Delgado, José Tomás Martín González, Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín son condenados solidariamente a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con las siguientes cantidades: la cantidad de 52.588.156,85 euros (más intereses) Se condena a Inversiones Las Teresitas, S.L., con carácter solidario con los anteriores, a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con las mismas cantidades. Y también se condena a Promotora Punta Larga, S.A y a Promotora La Victoria, S.L., con carácter solidario con los anteriores, al pago de esas cantidades con el límite de la que corresponda a la cantidad transferida a cada una de ellas desde Inversiones Las Teresitas, S.L.

Miguel Zerolo Aguilar, Manuel Parejo Alfonso, Juan Víctor Reyes Delgado, José Tomás Martín González, Antonio Ramón Plasencia Santos e Ignacio Manuel Cándido González Martín también han sido condenados a indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la cantidad de 9.159.884,67 euros.

Recordar que esta sentencia será recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, tal y como han anunciado ya varios de los abogados defensores. Tienen cinco días para anunciar y un mes para presentarlo.

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