Un total de 297 personas han sido detenidas en el marco de las manifestaciones que se han celebrado en los últimos días contra el Gobierno de Nicolás Maduro por los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dejaban sin poder a la Asamblea Nacional y sin inmunidad a los diputados, según un balance difundido este martes por la ONG local Foro Penal.
El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha indicado en Twitter que, a falta de “confirmar nuevos casos en Carabobo y Apure”, entre el 4 y el 11 de abril se han producido 297 detenciones, la mayoría en Caracas, con un total de 105, seguida a gran distancia de Lara, con 63.
Del total de arrestados, la mayoría han sido liberados porque solo 15 permanecen bajo custodia. No obstante, únicamente 12 lo han hecho de forma absoluta, ya que 42 han sido liberados bajo fianza y 30 con medidas cautelares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este martes la violencia usada para reprimir las marchas opositoras y ha instado al Estado venezolano a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, lo cual implica “facilitar” las manifestaciones y excluir la participación de militares en los controles de seguridad.
La Mesa de Unidad Democrática (MUD) –coalición opositora– no ha dejado de manifestarse en las principales ciudades venezolanas desde el pasado 30 de marzo, cuando el TSJ dio el supuesto “golpe de Estado” contra el Parlamento. Dos jóvenes han muerto a causa de los disturbios, uno en Miranda y otro en Carabobo.
Los incidentes que pueden verse en el vídeo han tenido lugar durante el pasado lunes en la ciudad venezolana de Maracay, del estado de Aragua:
CRISIS INSTITUCIONAL
El TSJ ratificó el mes pasado que la Asamblea Nacional estaba en “desacato”, advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.
El Parlamento denunció un “golpe de Estado” por parte del Gobierno de Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, –una fiel ‘chavista’– advirtió de que dicho fallos suponen una “ruptura del orden constitucional”. En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.
En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una “arremetida” de “la derecha intolerante y pro imperialista dirigida” por Estados Unidos para “atentar contra el Estado de Derecho” a través de “falsedades e ignominias”, pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.
El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos “aclaraciones” que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este “impasse en los poderes públicos”. Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.
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