Mantenemos la idea de que es posible cambiar la realidad actuando sólo sobre las leyes, cuando éstas deben ser el resultado de una estrategia previamente definida y del apoyo en medios materiales y humanos que las acompañen. Soportados en una estrategia política, el marco legislativo resultante se debe completar con un plan de acción. Aplicamos hoy este esquema a la avanzada Ley del Suelo de Canarias, para contrastar su comportamiento.
Opinaban en medios en días pasados, quienes identificaban los problemas del actual marco del suelo en Canarias, señalando como males la hipertrofia normativa, el desajuste competencial de los tres niveles (autonomía, cabildos y ayuntamientos), la carencia de medios económicos municipales y la incompleta e inadecuada reglamentación del sistema de planeamiento. Como efectos inducidos, la burocratización de la función pública y la penalización del urbanismo, que ha acabado convirtiendo lo penal en cuarta instancia para la gestión del suelo, cuando ésta es administrativa. Añadía el autor una curiosa realidad canaria, señalando cómo las mismas leyes se aplican de forma diferente entre provincias, resultando siempre más flexible el marco aplicado en la oriental.
Nuestra tesis de hoy vincula los déficits de la gestión del suelo en Canarias a la inexistencia de una verdadera estrategia política, de soporte económico vinculado a su apoyo efectivo y de un marco legislativo y de acción pública, negados hasta ahora a cumplir la legislación europea y nacional. Desde arriba quien sitúa el nuevo marco normativo es la Bolkestein derivada del Tratado de Lisboa, donde se enfrentó la visión liberal anglosajona impulsada entonces por Tony Blair, sobre las lecturas corporativo-estatistas de la Europa continental, en el reto por la globalización.
El caso del suelo es un ejemplo paradigmático de estos males. Donde en Canarias casi nadie planifica. Sólo el 10% tiene plan municipal actualizado. Casi nadie destina recursos adecuados a la entidad de la causa y casi nadie cumple en Canarias con la liberación de servicios, ni el 10% de los ayuntamientos. Valga referir el caso del mecanismo de aperturas por acto comunicado o comunicación previa, que es de obligado cumplimiento desde 2010. Siete años después, Santa Cruz de Tenerife se ha incorporado en febrero. Bienvenido al club, en el cual falta aún la mayor parte de sus socios.
Al carecer nuestra Ley del Suelo de una verdadera estrategia y de un plan de acción explicitado, se traslada en la nueva ley su soporte doctrinal a su exposición de motivos. Aquí se comprometen a cumplir la Bolkestein, la subsidiaridad, esto es, una administración por competencia, y a integrar el medio ambiente, que ha acabado convertido en el cajón de sastre de los populismos y en un mecanismo para restringir competidores. Sin esforzarse en la estrategia y plan de acción, la actual deriva parlamentaria está ahora centrada en el consenso, cuyos resultados en estas circunstancias sólo conseguirán devaluar la eficacia práctica de la ley. Retornar al mantra de las leyes estatistas de doble o triple vuelta, nunca cercanas al ciudadano. Que de paso se aprovechan para incluir un par de impuestos de nuevo cuño.
El desarrollo sostenible exige equilibrar “economía, sociedad, medio ambiente y cultura”. Equilibrio inestable en una sociedad globalizada, que no abordamos al comportarnos a la defensiva y alejados de soluciones sencillas, claras y con economía REF, o sea, más barata que en la Península, lo que no se cumple.
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