El Gobierno de Canarias analizará la reciente sentencia que ha anulado algunos preceptos sobre el decreto de alquiler vacacional, así como otros cuatro pronunciamientos judiciales aún pendientes, antes de modificar la normativa, dijo hoy la portavoz del ejecutivo, Rosa Dávila.
La sentencia del El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anula cuatro preceptos del decreto del Gobierno canario de mayo de 2015 que regula la vivienda de alquiler vacacional, entre ellos el que prohíbe ofrecer alojamientos con fines turísticos en las viviendas ubicadas en zonas turísticas o en suelos de uso mixto.
Rosa Dávila declaró tras la reunión del Consejo de Gobierno que es precipitado pronunciarse sobre la sentencia, porque los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y la Consejería de Turismo están aún analizando su alcance.
“Este es el primero de cinco pronunciamientos judiciales que llegarán a lo largo de este mes, a partir de ahí el Gobierno se pondría a trabajar en una modificación de este decreto conociendo el alcance de la sentencia”, explicó Rosa Dávila.
Señaló que el alquiler vacacional es un fenómeno complejo que afecta a todas las grandes ciudades y que en el caso de Canarias abarca 28.000 viviendas y 121.000 camas, más de la mitad de ellas situadas en zonas turísticas.
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