Inciden en la presunta relación entre Clavijo y trabajadores “favorecidos”

Unid@s y XTF-NC aportan un dato desconocido hasta ahora: los operarios que compraron la empresa de grúas dieron, al parecer, como domicilio el de una empresa que los denunciantes atribuyen al exalcalde
Los portavoces y ediles de Unid@s se puede y XTF-NC, el pasado lunes, cuando presentaron la denuncia. DA

En una denuncia de 11 páginas, Unid@s se puede y XTF-NC argumentan las razones por las que han llevado a los juzgados la gestión política en el servicio municipal de grúas de La Laguna a lo largo de los últimos años, cuyos principales actores son, según a su juicio, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.

Uno de los extremos en los que inciden es la supuesta relación personal entre los trabajadores del servicio que compraron la empresa en 2011 y Clavijo. De hecho, un dato que Santiago Pérez y Juan Luis Herrera, de XTF-NC, destacaron y que no se conocía, era que cuando “esos trabajadores pleitean contra sus antiguos compañeros, señalan como domicilio, a efectos de notificación, el único local de oficinas que hay en el edificio La Parra (avenida de Lucas Vega, 13), que es donde estaba domiciliada la empresa de gestión de fincas propiedad de Clavijo”.

Una empresa que el exalcalde “abandona en 2009 y adquiere Tomás Febles, que pasa a ser administrador único”, apuntó Herrera. Y cuando los trabajadores que adquirieron la empresa de grúas “tienen que citar a quién les está asesorando, citan a quien ha acabado figurando como dueño de la empresa que fue de Clavijo”, añadió Pérez. “La isla es pequeña, pero no tanto para tantas coincidencias”, ironizó el edil de XTF-NC.

Ambos partidos argumentan en la denuncia ante el juzgado de guardia supuestas presiones que sufrió el concesionario original del servicio de grúas, José Padilla, para vender su empresa a este grupo de trabajadores afines, al parecer, a Clavijo, y el “trato de favor” que recibían. “Los trabajadores que compraron Autogrúas Poli incumplían el pliego de condiciones desde el minuto uno, puesto que no disponían de Tarjeta de Transporte ni de la capacitación obligatoria para desarrollar el trabajo”. Además, hasta 2013 establecía que la plantilla mínima debían ser 22 conductores operarios, aunque los denunciantes afirman que nunca hubo más de 16, “sin que los responsables políticos del servicio hicieran actuación alguna”.

Otro punto de este presunto “trato de favor” es el “préstamo-anticipo de dudosa legalidad” que se le concedió a este grupo de trabajadores “favorecidos” por el hoy presidente de 120.000 euros para atender a las nóminas pendientes de pago. “Debido a la oposición del Interventor, los gobernantes recurrieron a informes externos, encargados y pagados con dinero público”, con el que “Fernando Clavijo levanta por decreto los reparos de Intervención y seis días más tarde la Junta de Gobierno concede ese préstamo”, según recoge la denuncia. Aun así, la “caótica situación económica-financiera” de la empresa obligó a su intervención por parte del Ayuntamiento lagunero en enero de 2014, cuando, a juicio de Unid@s y XTF-NC, lo que procedía era rescatar el servicio y sacarlo nuevamente a concurso”. Pese a ello, en 2014 se le vuelve a prorrogar el contrato por 5 años.

En 2015 la empresa Grúas y Servicios Adeje adquiere la totalidad de las participaciones de la entidad mercantil por un euro, asumiendo la deuda que arrastraba de más de 700.000 euros. Sin embargo, ambos partidos de la oposición denunciaron que “un año y cuatro meses después de su adquisición, los trabajadores relacionados con Clavijo y Díaz seguían figurando como apoderados de la empresa”. “Parece un cierre perfecto para el círculo de la nefasta gestión de un servicio cuyos protagonistas contaron con la protección y connivencia de los dos últimos alcaldes de CC, José Alberto Díaz y Fernando Clavijo”, concluye la denuncia.

“Existen responsabilidades de los gobernantes en el robo de piezas”

Uno de los episodios “más graves de toda esta trama”, indica la denuncia, consiste en el desguace para la venta ilegal de muchos de los vehículos “que se custodiaban en el depósito municipal una vez retirados por la grúa”. “Un informe de la Policía Local de La Laguna, fechado el 24 de mayo de 2011, detectó hasta 91 vehículos con daños, de los 104 que inspeccionó en el interior del depósito”, según los denunciantes. “Se trata de un asunto”, indicaron, “que se encuentra sub iudice en la actualidad, pero del que queremos dar cuenta aquí porque consideramos que más allá de quienes resultasen condenados o no en la correspondiente causa que se tramita, también existen responsabilidades de los gobernantes municipales y no es exclusiva de los que procedieron a desguazar los vehículos”. Unid@s y XTF-NC indicaron que tanto el primer concesionario del servicio como el actual “confirman que la guardia y custodia” de este espacio es del Ayuntamiento lagunero.

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