Más de 50 años esperando a que el fin de los conflictos deje crecer a la playa

N. T. / G. G.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, insistía ayer mismo en que el Plan Especial de Las Teresitas será la herramienta que permitirá desarrollar la playa que se “merecen” los santacruceros, y añadía que seguirá trabajando para aprobarlo con rapidez. Sin embargo, la evolución de la que es la principal playa de la ciudad hace que las palabras del alcalde haya que ponerlas en cuarentena, máxime cuando la última de las denuncias se presentó la semana pasada contra el citado Plan Especial y aún se está a la espera de saber si es admitida a trámite por la Fiscalía Anticorrupción.

Y es que dotar a Las Teresitas de los servicios necesarios para que se convierta en una playa de primer nivel es una pelea en la que Santa Cruz ya lleva más de 50 años. El origen del conflicto que dio lugar al juicio penal que ayer dio a conocer su desenlace se remonta a 1986, cuando la Junta de Compensación, que se creó en 1964 para agrupar a las propiedades que afectaban a la playa y sus alrededores pactó un nuevo convenio que reducía la edificabilidad prevista a menos de la mitad. El Pleno aprobó este acuerdo en 1989. La consecuencia fue la revisión del Plan Parcial previsto en ese momento para Las Teresitas. Fue entonces cuando se registran las primeras denuncias. Los recursos presentados por el grupo municipal del PSOE y la Administración del Estado llevan a la anulación de la citada revisión del plan parcial en 1992. No fue hasta 1998 cuando el Tribunal Supremo (TS) devolvió la legalidad al plan especial.

compraventa

Sin duda, el núcleo de lo que hoy es considerado un “pelotazo de libro”, según la definición de la fiscalía, fue la compraventa del frente de playa. Un día antes de hacerse pública la sentencia que devolvía la legalidad a la revisión del plan especial y, por tanto, reducía la edificabilidad, la Junta se compromete a vender 101 parcelas a Inversiones Las Teresitas (Ignacio González Martín y Antonio Plasencia). En junio de 1998 los empresarios obtienen un crédito de CajaCanarias sin más aval que los terrenos por adquirir.

Es en 2001 cuando el Ayuntamiento compra el frente de playa a los empresarios por casi 18 millones más de lo que pagaron. La operación incluye un convenio con la Junta de Compensación, que se desintegra al sucederse las quejas de propietarios que aseguraron no haber sido informados. La segunda querella llega de manos de militantes socialistas agrupados como Ínsula Viable en 2002. Cuatro años después, la Fiscalía acusó a los que ayer fueron condenados. Ya en 2007 el TS anula la compra por parte del Ayuntamiento, al que responsabiliza de tal consecuencia.

Años relevantes

1964
Se constituye una Junta de Compensación para agrupar las propiedades que afectaban a la playa y sus alrededores.

1966
Se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Urbana de la playa.

1970
El Consejo de Ministros da el visto bueno definitivo a la reforma del PGOU del Centro Nacional de Interés Turístico de la Playa de Las Teresitas y sus aledaños. Esta reforma plantea la edificación en 12 plantas en el frente de playa y prevé una población de 18.000 habitantes.

1986
La Junta pacta en 1986 un nuevo convenio que reduce la edificabilidad prevista a menos de la mitad.

1992
Se anula la revisión del plan parcial como consecuencia de las denuncias presentadas por el Grupo Socialista y la Administración del Estado.

1998
El Tribunal Supremo contradice al canario y devuelve la legalidad a la revisión del plan.

Junio de 1998
Un día antes de la sentencia, la Junta de Compensación se compromete a vender 101 parcelas a Inversiones Las Teresitas, conformada por Ignacio González Martín y Antonio Plasencia. Los empresarios obtienen un crédito de CajaCanarias sin más aval que los terrenos por adquirir, por los que pagan 33 millones.

2001
El Ayuntamiento de Santa Cruz compra el frente de playa por casi 18 millones más de lo que pagaron los empresarios. La operación incluye un convenio con la Junta de Compensación, que entra en barrena al sucederse en días siguientes las quejas de decenas de propietarios que aseguran no haber sido informados. El precio de los terrenos era discutible dadas las diferencias entre la tasación de la entonces arquitecta municipal (Pía Oramas) y otras, como la de Tasaciones Inmobiliaria, S.A (Tinsa).

2002
Militantes socialistas agrupados como Ínsula Viable denuncian lo que entienden como pura corrupción.

2007
El Tribunal Supremo anula la compra por parte del Ayuntamiento y lo responsabiliza de la misma.

2016
En febrero se inicia el juicio civil sobre este caso, a cuyo término se suspende la sentencia a la espera de que agote la vía de lo criminal. En septiembre arranca el juicio penal contra los 13 acusados.

2017
Finaliza el juicio penal en el que fueron absueltos más de la mitad de los acusados, pero se salda con duras condenas a políticos, empresarios y funcionarios municipales. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia y el exgerente y el exsecretario de Urbanismo, José Tomás Martín y Víctor Reyes, respectivamente, fueron condenados por malversación de fondos públicos y prevaricación.