El pasado siempre vuelve. A la citación para declarar como testigo ante la Audiencia Nacional que en breve recibirá Mariano Rajoy (investigan un caso de presunta financiación ilegal del partido), se une en la noticia la detención por agentes de la Guardia Civil de Ignacio González, otrora presidente de la Comunidad de Madrid. Y todo en vísperas de la esperada declaración de Esperanza Aguirre también como testigo en relación con el mencionado caso de presunta financiación ilegal del PP. Aguirre siempre ha negado tener conocimiento de las dolosas andanzas que han llevado a varios ex dirigentes del partido ante los tribunales por estar encausados en casos de corrupción -el más destacado, Francisco Granados, que fue consejero del Gobierno madrileño y secretario general de los populares-. Serán los jueces quienes tendrán que decir la última palabra a través de sus sentencias en los diversos casos investigados -Gürtel, Púnica, Canal de Isabel II, Ático de Marbella, etc.-, pero en términos políticos la posición de Aguirre al frente del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Madrid es extremadamente delicada, por no decir que insostenible. Son demasiadas cuerdas rotas y todas bajo sospechas transversales de corrupción. La carpa se viene abajo.
Acorralado por los casos de presunta corrupción -antes en Valencia o Baleares, ahora sobre todo en Madrid-, a la desesperada, los portavoces del PP acaban recurriendo a un argumento que en democracia no es de recibo: la gente nos vota. Somos -dicen- el partido más votado. Es verdad. Pero la ventaja que otorga tener enfrente una oposición sectaria y por lo tanto ineficaz (Podemos) o errática y por lo mismo inocua (PSOE), no puede durar eternamente. Mantener un discurso que proclama la voluntad de lucha sin cuartel contra la corrupción mientras en los juzgados se acumulan los sumarios con ristras de encausados, roza la impostura. Las urnas, ni son ni nadie puede pretender que sean el Jordán. La corrupción pudre la democracia.
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