“Un agua guisada y galletas es lo que les daba cada tarde a los viejitos para merendar”, afirma Conchi, una vecina de la residencia Sor María de Jesús, de Güímar, cerrada el fin de semana por su directora y de manera oficial ayer, con orden de cierre cautelar, decretado por el Gobierno de Canarias.
Conchi es vecina del inmueble, desde donde podía observar cada tarde a “los ancianos deambulando por el patio”, hasta que Margarita Morales, la directora del centro, levantó unas planchas para evitar las grabaciones, una obra por la que tiene abierto un expediente de sanción urbanística por el Ayuntamiento.
La directora del geriátrico, que dice haberlo reconvertido en centro zen de terapias alternativas desde enero -que ha puesto al nombre de su hija-, avisó el viernes a la familia de Laura, una anciana de Santa Cruz de 87 años, para que viniese a recogerla al centro antes de las 20.00 horas del sábado. Entre otras razones, porque los familiares se negaron a firmar en enero que el centro cambiaba “su actividad”, recuerda Candelaria, nieta de Laura e hija de Roberto de Armas. Ambos vivieron el sábado una escena “terrible”, cuando vieron a su familiar sentada en una silla de ruedas con la maleta preparada junto a otras 15 personas mayores en una habitación.
Según Margarita Morales, en la residencia solo quedaba un anciano, una versión que se desmontó posteriormente, ya no solo por las palabras de Candelaria y su abuela, trasladada esa noche del sábado al Hospital de La Candelaria, sino porque Conchi, la vecina pegada a la residencia, grabó en vídeo cómo durante la mañana y tarde del domingo fueron saliendo del centro el resto de usuarios y sus pertenencias, tanto en coches particulares como en dos furgones de alquiler. Mientras, una sola auxiliar atendía la residencia, que también ha sido denunciada por las trabajadoras que allí ejercían su labor en jornadas de 12 horas, y por Ángel, otro hijo de Laura, por no devolver la parte promorcional de los 900 euros que pagó por todo el mes de mayo.
En total, de los 16 usuarios que tenía el centro, cuatro han sido reubicados (Laura, en el hospital y tres más en Santa Rita), mientras que los doce restantes fueron trasladados por Margarita Morales a un chalé en Arafo. La Policía Local de ese municipio colabora ahora en la investigación. De los 12 ancianos, dos no tienen familiares cercanos y el resto no ha presentado -que se sepa- denuncia alguna, según se afirma desde el Ayuntamiento de Güímar.
Ayer, el juez titular del Juzgado Número 2 de Güímar comenzó a tomar declaración a la denunciada, Margarita Morales, y a los denunciantes, entre ellos Socorro González, edil de Servicios Sociales, que recordó que desde 2004 el centro no aceptó una orden de inspección y en 2007 se ordenó su cierre cautelar, que no se ejecutó.
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