¿Aquí puedo contar lo que pienso, verdad?

Esta es la pregunta que Miguel Ángel Heredia, el secretario del grupo parlamentario Socialista en el Congreso y hombre de confianza de Susana Díaz, se hacía el pasado mes de noviembre en una reunión con unos treinta militantes de las Juventudes Socialistas de Málaga. Pues no, ni siquiera allí podía contar lo que piensa, porque fue grabado (por algún asistente desleal). Y la dictadura de lo políticamente correcto le ha hecho retractarse y pedir perdón por afirmaciones obvias y evidentes para todos. Quizás la declaración de Heredia más incorrecta políticamente fue la revelación de que desde el mundo sindical le llegó el aviso del acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez con Podemos y los independentistas catalanes, lo que, en definitiva, causó su defenestración por el Comité Federal. El dirigente de Comisiones Ignacio Fernández Toxo lo ha desmentido, y Heredia se ha visto obligado a manifestar que no es verdad en lo referente a Toxo. Pero se trata de una negativa forzada, que no demuestra nada y que deja a una palabra frente a la otra. Existen muchas evidencias concluyentes de que la certeza de ese acuerdo fue la causa de la caída del antiguo secretario general socialista. Y es, además, la única explicación consistente con la operación montada para derribarle. A este escenario deprimente se une una corrupción estructural que nace de la sociedad española y alcanza a todos los partidos y formaciones políticas, con excepciones minoritarias. La sociedad española es una sociedad picaresca, corrupta y desarticulada, sin referencias ni tradiciones democráticas. Y los políticos la representan en un doble sentido: porque han sido elegidos para representarla políticamente y porque representan su corrupción social en la misma proporción que se da en la sociedad.

Un escenario adecuado para que florezca un populismo que promete falsas soluciones muy simples -y, sobre todo, imposibles- a problemas de enorme complejidad; que reduce la realidad social y política a una contraposición maniquea entre buenos y malos, y que prescinde de las leyes que rigen el funcionamiento de la economía y la moneda, como si todo fuera financiable y abordable económicamente.

Y así transita la frágil y pobre democracia española por su realidad virtual paralela. Una realidad virtual en la que se ocultan a los ciudadanos los hechos y las verdades, que se sustituyen por argumentarios políticamente correctos, repetidos como mantras por los políticos de cada partido. Una realidad virtual en la que los políticos que dicen lo que piensan no tienen mucho futuro. En la que la mayoría de ellos no piensan lo que dicen, aunque se ven obligados a decirlo. Y en la que los medios de comunicación, los jueces y los fiscales intervienen en política y deciden la agenda política mucho más de lo que una democracia digna de ese nombre puede soportar. Y a lo peor no lo soporta.