Un juzgado tinerfeño suspendió el pasado martes la celebración del primer juicio en Canarias que sienta en el banquillo de los acusados a los responsables de una asociación constituida para el consumo de cannabis al no presentarse en el mismo dos policías citados como testigos.
En este proceso, la Fiscalía solicita dos años de prisión para cada uno de los ocho acusados, al considerar probado que son autores de un delito contra la salud pública, concretamente en la modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud pero en cantidades notorias, según detalla el escrito de conclusiones provisional del Ministerio Público. Eso sí, esta acusación admite la concurrencia del llamado error vencible, lo que atenúa la responsabilidad pedida para estas personas, que son los dos responsables del club y trabajadores del mismo empleados en alguna de las cuatro plantaciones que administra el centro.
Por el contrario, la defensa de los implicados (entre cuyos representantes legales se encuentra el abogado tinerfeño Fernando Torrijos) aboga por la libre absolución al entender que dicho error es invencible.
El debate jurídico que centra esta causa radica en si los acusados, cuyo club está ubicado en Los Cristianos (Arona), plantaron la marihuana y la distribuyeron entre los socios del mismo al amparo de la legalidad vigente, que sí contempla la existencia de este tipo de asociaciones. Tal normativa es lo que habría conducido a los ocho acusados al mencionado error, vencible o superable desde la perspectiva de la acusación e invencible para la defensa, que en realidad considera la actividad descrita ajustada a la ley.
Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron contra este club, procedieron al desmantelamiento de hasta cuatro plantaciones de marihuana ubicadas en otras tantas fincas de la geografía insular. En la primera finca había 150 plantas, en la segunda 51, en la tercera 607 y en la cuarta 60, para un total ligeramente superior a los 35 kilos de marihuana. Se estima que el valor de toda la droga incautada alcanzaría en el mercado casi 170.000 euros.
Cabe añadir que durante el proceso se ha relatado el funcionamiento habitual de este tipo de asociaciones, resaltando los abogados defensores lo estricto del club a la hora del cumplimiento de las reglas que lo rigen.
Básicamente, los socios (que superan un riguroso proceso de admisión) pagan una cuota anual de 100 euros para acceder a la sede, donde pueden adquirir un gramo de marihuana por un precio que oscila entre 3 y 6 euros, así con un límite diario de tres gramos más otro semanal de 20 gramos para cada socio.
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