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Gobierno canario y Fiscalía impondrán la ley en los centros de ancianos

La Policía Canaria se sumará a las labores de inspección y vigilancia que ha potenciado en los últimos meses la Consejería de Políticas Sociales. M. P.

El Gobierno de Canarias intensificará la labor de vigilancia e inspección en los centros de mayores del Archipiélago para que cumplan con las medidas exigidas en la normativa. Así lo anunció ayer la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, tras producirse ahora el cierre de una residencia en el municipio tinerfeño de Güímar. La consejera advirtió, en declaraciones a este periódico, de que próximamente se llevarán a cabo otras clausuras (al menos tres) en centros similares del Archipiélago que no cumplen con la ley. Este camino, además, se recorrerá en colaboración con la Justicia, “de la mano de la Fiscalía”.

“Estamos muy preocupados con tres casos en Canarias de centros geriátricos y vamos a actuar”, adelantó anoche la responsable regional en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. Según explicó la consejera, se trata de residencias a las que ya en reiteradas ocasiones se les había apercibido por parte del Ejecutivo para la adopción de medidas que permitieran cumplir con la legalidad, y en las que en este tiempo se ha hecho caso omiso y se ha incumplido “de forma flagrante”. No obstante, Valido aseguró que estas actuaciones, que se efectuarán en las próximas fechas, se tienen que llevar a cabo con previsión para garantizar la estabilidad de todas las personas que residen en los centros afectados.

Fruto de esta preocupación por hacer frente a las residencias irregulares, el Gobierno de Canarias ha iniciado un protocolo de actuación, en colaboración con instituciones como la Fiscalía, el Cuerpo General de la Policía Canaria y los cabildos, que permita tomar medidas para que no se produzcan situaciones similares a la de Güímar en otros municipios de las Islas.

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Por ello, el pasado martes, a petición de la Consejería, Valido se reunió en Gran Canaria con cuatro fiscales de Tenerife y Las Palmas especializados en el ámbito de la atención a mayores y con el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, con el fin de trazar estrategias conjuntas para frenar la presencia de residencias de ancianos que no cumplen con la legalidad vigente.

“Se trata de un asunto muy delicado en el que están en juego personas mayores, vidas humanas”, añadió. Otra de las líneas de actuación que se desprende del protocolo impulsado por el Gobierno es el acuerdo para que la Policía Autonómica se sume a las labores de inspección, reforzando las realizadas hasta el momento por el departamento regional. Valido explicó que en estos momentos se está redactando el convenio de colaboración entre ambas administraciones, para que próximamente los agentes puedan llevar a cabo acciones como las notificaciones pertinentes a los centros que no cumplen con los exigido y apoyar la autoridad del Gobierno de Canarias en las medidas que tome. Cristina Valido explicó que esta incorporación será muy importante para llevar a cabo esta labor, y más teniendo en cuenta que en los últimos años se ha agudizado el problema de la falta de personal en el área. Aun así, señaló que se están buscando fórmulas, como un plan de choque, para incorporar más trabajadores.

Con respecto al reciente cierre de la residencia en Güímar, la consejera aseguró que el centro contaba con varios avisos del Gobierno regional para subsanar determinadas deficiencias que presentaba, pero finalmente, dado que no se actuó, se decidió, en coordinación con la Fiscalía, el cierre del inmueble. Ahora, desde ambas administraciones se deberá hacer un seguimiento del estado y la ubicación de todos los residentes.

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