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El Gobierno cuela en los PGE el despido forzoso de los interinos

La Educación, de por sí un sector muy castigado por los recortes, sufrirá la medida de forma considerable. DA

La Ley de Presupuestos Generales del Estado oculta una disposición que enviará a las colas del paro a decenas de miles de españoles que trabajan para las distintas administraciones públicas con contratos interinos. La medida, que había pasado inadvertida hasta ahora, afecta a cerca de 8.000 profesores solo en Canarias, y sin duda causará un quebranto considerable en Educación, donde la figura del interino se ha convertido en uno de los pilares que sostienen el actual sistema. No es de extrañar que sea un sindicato como ANPE el que ultime una contraofensiva para frenar lo que bien podría llamarse el interinazo, que actualmente se tramita en las Cortes Generales con el respaldo del PP, Ciudadanos, PNV y CC. Como es sabido, el voto del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, es decisivo para aprobar estas cuentas estatales.

Tan polémica decisión se recoge en el artículo 19.2 de la normativa en los siguientes términos: “No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos, excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”. Tras acotar el alcance material de la nueva norma, se delimita el temporal en los siguientes términos: “La duración del contrato o del nombramiento no podrá ser superior a tres años, sin que puedan encadenarse sucesivos contratos o nombramientos con la misma persona por un período superior a tres años, circunstancia esta que habrá de quedar debidamente reflejada en el contrato o nombramiento”.

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La causa de esta iniciativa gubernamental radica precisamente en la discriminación salarial que sufren estos profesionales respecto a los indefinidos. Aunque parezca mentira, es el propio Gobierno de España quien soslaya sus derechos laborales con el siguiente procedimiento: cuando se acaba el curso -por seguir con el caso de la educación-, los profesores interinos son despedidos para volver a ser contratados en septiembre, ahorrándose así el Estado el abono de las vacaciones o la indemnización por fin de contrato, según se mire. Como quiera que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a nuestro país para que sí abone las cantidades debidas por el término de contrato, el Gobierno se ve abocado a buscar soluciones, a pesar de que la sentencia aludida aún no es firme.

Asombro

El representante autonómico del sindicato ANPE, Pedro Crespo, mostró ayer a DIARIO DE AVISOS su asombro y preocupación por este límite a la contratación de interinos, que a su juicio “es injusto y supone un durísimo menoscabo a la calidad de la enseñanza, dado que se prescindirá de profesionales experimentados que, desde luego, merecen otro trato”.
Crespo explicó que, tras conocer el pasado fin de semana los planes gubernamentales, el sindicato al que representa ultima una ofensiva entre los grupos parlamentarios nacionales para frenarlos o, en todo caso, que no afecte al sector educativo, de por sí muy castigado por los recortes.

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