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Venezuela divide el voto de IU y Podemos en el Congreso de los Diputados

Pablo Iglesias y Alberto Garzón
Pablo Iglesias y Alberto Garzón / EP

El Congreso español ha aprobado este jueves un texto por el que exhorta al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela a respetar la democracia y la separación de poderes, además de exigirle convocar las elecciones que están pendientes y liberar a los presos políticos de manera inmediata.

La proposición no de ley, presentada originalmente por el PP pero cuyo texto se acabó pactando con PSOE, Ciudadanos, PNV, y el PDeCat– ha contado con los votos en contra de ERC, IU y Bildu, y con la abstención de Podemos y sus confluencias –como han hecho en ocasiones anteriores– y Compromís.

Es la primera vez en la legislatura que IU se desmarca de su grupo parlamentario a la hora de votar. Fuentes de IU han justificado esta decisión al considerar que la declaración pactada toma parte a favor de la oposición venezolana y solo contribuye a “recrudecer” el conflicto.

Podemos, por su parte, explica su abstención porque considera que debates como éste en la Cámara Baja solo persiguen “tapar la corrupción del PP”, mientras que en Venezuela la formación morada lo que defiende es la búsqueda de soluciones a través de un diálogo que también reivindica el texto finalmente pactado.

La proposición no de ley, que ha contado con 259 votos a favor, insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a seguir impulsando en colaboración con los distintos actores internacionales y regionales la búsqueda de soluciones a la crisis en Venezuela y a respaldar las iniciativas que persigan contribuir a establecer un “diálogo sincero y democrático como garantía de una solución estable” a la actual situación.

Y se muestra a favor de que las instituciones españolas estén dispuestas a colaborar con Venezuela a la hora de paliar los efectos de la crisis, que se está traduciendo en escasez de alimentos y medicinas, entre otros productos.

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CULPA A MADURO

La proposición no de ley también expresa su “preocupación” por la situación económica, social y política que vive el país y por la “grave crisis institucional” motivada por el afán del Gobierno de Maduro de anular las competencias de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.

También manifiesta una “especial preocupación por el deterioro de los valores democráticos en Venezuela a partir de la reciente convocatoria por parte de su presidente de una Asamblea Nacional Constituyente”, al tiempo que condena los últimos actos de violencia contra la población civil a partir de esta convocatoria.

Tras señalar de forma clara al Gobierno de Maduro como responsable del deterioro de la democracia en el país, el Congreso “muestra su solidaridad con la Asamblea Nacional Venezolana, que debe tener garantizada la capacidad de actuar con autonomía, en el desarrollo de su labor legítima”.

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