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Políticas Sociales califica de “centro pirata” al geriátrico de Güímar

Familiares de Laura esperando el sábado su salida del centro. / NORCHI

La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias anunció ayer que ha ordenado el cierre cautelar de lo que denomina un “centro pirata” de atención a personas mayores en Güímar. El Ejecutivo regional indicó en un comunicado que ha llevado a cabo todas las medidas de procedimiento administrativo necesarias ante la situación del centro Sor María de Jesús, que operaba de forma “totalmente irregular” y que estaba atendiendo a 17 personas. La incoación del procedimiento sancionador contra el centro se produjo el 3 de mayo, por infracción administrativa muy grave.
Posteriormente, se emitió una orden en la que se contempla la medida cautelar de cierre temporal del centro en un plazo máximo de cinco días, que concluye mañana, para que puedan ser reubicados los usuarios. Los responsables del centro rechazaron, al parecer, por dos veces la recepción de la notificación de la orden de cierre del centro.

Trasladados

Unos 14 ancianos que permanecían hasta el domingo en la residencia de mayores Sor María de Güímar -según su directora, Margarita Morales, convertido en centro zen de terapias alternativas desde enero- fueron supuestamente trasladados a otro lugar -presumiblemente a una casa en Arafo, según indican desde el Ayuntamiento-, pese a que el sábado por la noche esta afirmaba que en el inmueble solo quedaba una persona, cuando según parece, tal y como contaron las familiares a DIARIO DE AVISOS en su edición del domingo, podían encontrarse 16 usuarios. Los familiares de Laura fueron avisados por la directora para recoger a esta mujer, de 87 años, a partir de las 20.00 horas de ese día. Finalmente, gracias a la intermediación de una asistenta social del Ayuntamiento, Laura pudo ser realojada en el Hospital de Nuestra Señora de Candelaria, al menos hasta el miércoles, mientras en el interior permanecería el resto de mayores que el domingo, en dos furgones de alquiler, habrían sido trasladados a otro lugar, como aseguró la Policía Local. Uno de esos mayores habría sido llevado también a un centro médico y otra señora, de Vilaflor, a sus familiares en la estación de servicios El Volcán. Posteriormente, se trasladaron a denunciar la situación al Patronato Municipal de Servicios Sociales de Güímar.

Las distintas versiones dadas por Margarita Morales nunca han podido ser verificadas, porque ha evitado en todo momento que cualquier persona entrara en la residencia, aunque sí pudo hacerlo Candelaria, nieta de Laura, que el sábado por la tarde dijo haber visto cómo una sola auxiliar atendía a su abuela, ya con la maleta preparada, y a otros 15 mayores.

Socorro González, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Güímar, en contacto con el IASS del Cabildo y los familiares, trataba ayer de saber con exactitud el número de mayores que permanecían ingresados en el centro hasta el domingo y averiguar asimismo, en qué condiciones de alojamiento se encuentran al menos cuatro o cinco de ellos.

El juez ha citado a declarar mañana a denunciantes y denunciados en este caso, entre ellos a la edil de Servicios Sociales, Socorro González; la directora del centro, Margarita Morales, y un grupo de familiares.

“Solo persiguen el negocio sin respetar las leyes vigentes”

El viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, afirma que su departamento será inflexible y no permitirá “la existencia de centros piratas en los que lo que prima no es el bienestar de las personas, sino hacer negocio con ellas”. Candil considera lamentable que haya centros que solo persiguen el negocio sin respetar la legislación vigente ni procurar una correcta atención de los mayores, señala en un comunicado.

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