La gestión de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector de RTVC se va a negro. Ayer, durante una comparecencia parlamentaria promovida por los grupos Socialista, Podemos y Nueva Canarias a petición de la interesada, la consejera María Lorenzo denunció la “opacidad” de las contrataciones públicas de la corporación autonómica, que preside Negrín.
Designada a propuesta del PSOE, Lorenzo acudió a la Cámara con la intención de “desmentir las graves, mal intencionadas y rotundamente falsas declaraciones” que el presidente del Consejo Rector efectuó el 21 de abril en esa comisión: “Lamentablemente, debo comunicar que no es la primera vez que el presidente miente en sede parlamentaria y me acusa de hechos totalmente falsos.
De forma genérica me atribuye una labor de obstrucción, como si pedir información o documentos para el ejercicio de mis funciones obstruyese el funcionamiento del ente. Llegó a decir que, requiriendo tres votos para la adopción de acuerdos, la toma de decisiones no se produce por mi falta de apoyo”.
En su sereno pero contundente alegato, María Lorenzo manifestó que el hecho de que a día de hoy solo queden tres de los cinco consejeros inicialmente nombrados “ya es indicativo de la anormalidad del funcionamiento” de RTVC. “Si se me reprocha no apoyar alguna iniciativa se debe a eso”, remachó. “Es evidente que las dimisiones de las consejeras María Antonia Álvarez [por la cuota de CC] y María José Bravo de Laguna [PP] no son consecuencia de mi actuación, sino que fue la desidia del presidente lo que acabó con su paciencia”. Y afeó aún más el comportamiento de Negrín: “Desde que comenzó su mandato [en marzo de 2015], suma seis dimisiones y ninguna es la suya”. A juicio de María Lorenzo, Santiago Negrín “confunde su figura y funciones con el ente y el servicio público que presta a todos los canarios. Apuntó, además, una contradicción: “Tal como he expuesto por escrito, el presidente se firma a sí mismo informes que justifican la contratación de programas con productoras con las que ha estado vinculado laboralmente y puede que lo siga estando”.
El director de producción “contrata mediante expedientes de un solo folio cientos de miles de euros” profirió. “La aplicación del crédito extraordinario de 5 millones de euros se ha realizado directamente y a espaldas del Consejo Rector por medio de un procedimiento creado ex novo por el presidente y su equipo más cercano que no parece corresponder a ningún modelo de contratación pública conocido. Insiste, incluso en esta comisión, que las contrataciones respondían a otros motivos, para dar trabajo a productoras canarias. Aunque suena bonito, no es legal, pues no es ese el objeto que atiende el ente público y se vulneran con ello los principios de igualdad y concurrencia que deben regir toda contratación pública. Parece que se hizo pensando en determinados adjudicatarios”. Ante su reiterado interés por averiguar el destino de cinco millones de euros, relató Lorenzo, “me invitaron a conocer los proyectos una vez seleccionados, en una pantalla de ordenador con personas sentadas a mi alrededor como si fueran guardaespaldas”. Todas las dudas que surgieron de aquella visita y las “numerosas consultas” que hizo, la llevaron a escribir a la Comisión Europea para que le explicase lo establecido en la directiva de contratación pública.
Le contestaron que la licitación en la adquisición de programas no se excluye de forma absoluta, en contra del criterio defendido por Santiago Negrín. “Se me exige consentimiento sobre asuntos de los que no se me informa”, dijo. “Ya hay mucha gente sentada en un sitio donde yo no quisiera estar por eso”, ironizó en alusión a los procesos judiciales abiertos. “Consentimiento sin consentimiento”, exclamó. “Conmigo que no cuenten”, apostilló. “La labor del Consejo no es aplaudir al presidente, que confunde el deber de lealtad con la lealtad a él. Yo no firmo cheques en blanco”.
Entre la información que “se oculta”, se refirió a los pliegos del próximo concurso de informativos, “el concurso plurianual más importante”, de 180 millones. Lorenzo sospecha que “llegará a última hora” para apelar a la “responsabilidad” de los consejeros. “Estoy reclamando desde 2015 informes jurídicos sobre las contrataciones, porque me preocupa lo que sucede. El órgano no se reúne desde octubre de 2016”, se quejó. “Y la secretaria está de baja desde febrero de este año, con lo que hay un bloqueo”. Pese a su indignación, precisó que su “camino” no es el de los tribunales. “Yo respondo ante el Parlamento. Les compete a ustedes”. En la despedida y cierre, María Lorenzo espetó que la televisión autonómica “se desangra en credibilidad y audiencia”, con “improvisación y vulneración de los principios de igualdad y concurrencia”. En su opinión, “solo los informativos mantienen el tipo por el esfuerzo titánico de los trabajadores”.
Todo se contrata, recalcó, “como si fuera Disney o Star Wars”. El presidente “no cree en el proyecto”, dijo. Según reseña Canariasahora.com, Lorenzo llamó la atención sobre el hecho de que el propio Negrín reconoció que intervino en la selección de los programas, y por tanto, de las “adjudicaciones”, contradiciendo cuanto dijo en sede parlamentaria. Según Lorenzo, Negrín “no asistió al comité para tomar conocimiento de un expediente, sino valoró de forma colegiada como así consta igualmente que Daida Rodríguez que no tiene competencias para ello, tal y como consta en su contrato, igualmente formó parte de ese comité de valoración y valoró”. “No hay actas del comité de selección y entre las productoras afortunadas, volvemos a encontrar aquella con la que podría tener aún vinculación laboral el presidente, y de la que no ha querido dar cuenta tampoco en esta Cámara”, remachó Lorenzo, informa Canariasahora.com.
La oposición no tuvo piedad de Negrín. Suave en el tono, porque su partido contribuyó a la elaboración de la vigente ley de RTVC, Gustavo Matos, del Grupo Socialista, planteó sin rodeos la constitución de una comisión de investigación que analice las irregularidades que se detecten y animó a explorar la vía judicial si se dieran las circunstancias. “Aquí nos sentimos maniatados”, arguyó. “Las acusaciones cruzadas generan desconcierto, porque se habla de incumplimientos de la legalidad y hay que aclararlo”.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, censuró lo que calificó de “autoritarismo, caciquismo y arbitrariedades” de Santiago Negrín. “Ha convertido” RTVC en “una finca particular”, porque “ha hecho contrataciones saltándose las normas”. Juan Márquez, de Podemos, instó al Parlamento a “reprobar” a Negrín y propuso “a todos los grupos reformar la ley para blindar a RTVC de la manipulación del Gobierno de Canarias”. Luz Reverón (PP) se avergonzó del “espectáculo”. Guadalupe González Taño (Grupo Nacionalista) aludió a una “lucha por el poder” y Melodie Mendoza (ASG) invocó “normalizar la situación”.
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