Uno de los principales problemas que viene arrastrando Canarias en materia de asuntos sociales es la importante cifra de personas que se mantienen en lista de espera para ser evaluados y recibir la prestación recogida en la Ley de Dependencia. Con el fin de agilizar la tramitación y que los beneficiarios puedan optar, cuanto antes, a las distintas prestaciones recogidas, la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias va a poner en marcha este año un proyecto piloto que permita delegar las competencias de la gestión de esta ayuda a los municipios.
Así lo adelantó a DIARIO DE AVISOS la consejera del departamento, Cristina Valido, quien recalcó que la iniciativa, en un primer momento, se pondrá en marcha a modo de proyecto piloto con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. “Luego, cuando ya veamos cómo funciona y cómo tenemos que realizarlo, veremos si las localidades mayores asumen también esta función”, puntualizó Valido. Del mismo modo, recalcó que se ha optado por seleccionar primero a los ayuntamientos más pequeños para no colapsar aún más los servicios sociales de aquellos de mayor dimensión, que en buena medida, ya se encuentra saturados con sus propias labores y también con la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). “Estoy convencida de que en poco tiempo nos organizaremos y estas labores las podrán efectuar también las localidades con mayor número de habitantes”, aseveró.
La consejera afirmó que entre las labores que se encomendarán a los municipios se encuentra, por ejemplo, la tramitación de los expedientes, con el fin de que se pueda enviar esta información, de forma telemática a los servicios sociales regionales, “y sea mas rápido”.
La dirigente nacionalista señaló que es más efectivo que en muchas localidades, sobre todo en islas menores, sean los propios asistentes sociales los que valoren a los usuarios, “ya que son estos los que conocen perfectamente el estado, la situación y las necesidades de cada persona”. Indicó que es mucho más efectivo que esta información sea remitida por los ayuntamientos a la Consejería, en vez de que sea un técnico del Gobierno regional quien se desplace y haga la valoración.
Del mismo modo, Valido puso de manifiesto los problemas apreciados por la falta del personal, que en los últimos años ha sido más acuciante. No obstante, insistió en que se están analizando fórmulas para incorporar más trabajadores al área, que permitan agilizar la gestión burocrática.
Una de las demandas de la responsable regional es que se deriven más fondos estatales para atender adecuadamente las necesidades. Afirmó que, ahora, el Gobierno central aporta el 13% de los recursos, el 64% la Comunidad Autónoma, y el resto los cabildos.
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