Los estibadores han vuelto a amenazar con nuevas movilizaciones después de que el Gobierno aprobara el pasado viernes el Real Decreto Ley que regula a este colectivo. Dicen los trabajadores del mar que el Ejecutivo no ha contado con ellos y que el documento, aunque recoge algunos aspectos que reclamaban, sigue sin garantizar la subrogación de los empleados. El decreto ya fue rechazado en el Congreso de los Diputados por el resto de los grupos parlamentarios y el Ministerio de Fomento ha tenido que rehacerlo. Ahora llega de nuevo al Parlamento y, en esta ocasión, no sé por qué sospecho que el Gobierno ya tiene atados los votos suficientes para sacar el documento adelante.
Si esto no ocurre sería la primera vez que un Gobierno es incapaz de convalidar un decreto en dos ocasiones. Cada una de las partes tiene sus razones. Los estibadores, como no puede ser de otra manera, la defensa de sus derechos y condiciones de trabajo. El Gobierno, como también no puede ser de otra manera, cumplir la ley y acatar una sentencia del Tribunal Europeo que nos obliga a regular el sector como han hecho el resto de países de la UE para evitar, entre otras cosas, la multa. No sé porque en España todo tiene que ser diferente.
El resto de territorios europeos han hecho esta transición sin grandes problemas y, aquí, aún seguimos discutiendo. Lo cierto en todo esto, independientemente de quien tenga la razón, es que el Gobierno ha llevado muy mal la negociación de este real decreto y ahora hará lo que nadie quiere: imponer un documento que no gusta ni a la patronal ni a los estibadores, creando, además, un conflicto en los puertos que, desde luego, se podría haber evitado. Solo espero que este conflicto no se agrande y se convierta, sobre todo para el Archipiélago, en un problema de abastecimiento y de parón económico.
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