Por Europa Press / N. C.
El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una moción consecuencia de la interpelación del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno canario a elaborar los informes técnicos y jurídicos, así como los proyectos que sean necesarios, para garantizar el cumplimiento de la sentencia contra los empresarios condenados por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.
En su intervención, el diputado socialista Gustavo Matos, encargado de defender la propuesta, afirmó que la moción pretende aportar soluciones para resolver el que calificó como “el atentado ecológico más importante que ha vivido Canarias a lo largo de su historia”.
Indicó que esta moción surge tras el rechazo de la proposición de ley del Cabildo de Tenerife para resolver los problemas derivados de este “atentado ecológico” en los barrancos de Güímar, soluciones que pasaban por tratar de hacer cumplir las sentencias condenatorias.
Matos recordó que esta proposición de ley se rechazó porque había una serie de informes de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que decían que esa no era la solución. No obstante, afirmó que el Ejecutivo, después de las sentencias, no había hecho “absolutamente nada” al respecto y no se había “puesto a trabajar” hasta que la Cámara rechazó la propuesta del Cabildo de Tenerife.
Así, remarcó que esta moción pretende “llenar el hueco” y el “vacío de acción” del Gobierno de Canarias en esta materia, con el riesgo “serio” de que no se puedan cumplir las sentencias penales que condenan a los areneros a pagar una serie de indemnizaciones y a restaurar lo que hicieron en los barrancos de Güímar. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano señaló que en este asunto “hay que hacer un esfuerzo por encontrar una solución que no ha sido posible por vía legislativa”, pues “tenemos la capacidad de impulsar la acción del Gobierno, el deber de hacerlo y controlarlo en su ejecución posterior”, añadió.
Mientras, la diputada popular Cristina Tavío afirmó que se trata de un asunto “complejo y controvertido” que requiere de la participación de una comisión de estudio que debe trabajar de forma interadministrativa para buscar una salida para que Canarias cuente con un plan de ordenación de los recursos extractivos.
La moción, que fue mejorada con enmiendas de CC y PP, también insta al Ejecutivo a que, en ejecución de la sentencia, con cargo a los condenados se elabore un plan integral de restauración bajo la dirección de la Consejería competente en materia de minas, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar. Además, urge al Gobierno a elaborar los informes jurídicos y técnicos y la aprobación de los instrumentos correspondientes con el objetivo de impedir la actividad extractiva en los barrancos de Güímar, garantizando que estos no conlleven derechos indemnizatorios a los posibles afectados ni repercusiones presupuestarias para la comunidad autónoma.
A su vez, la Cámara legislativa insta al Gobierno a elaborar un plan de ordenación de los recursos extractivos de Canarias y a desarrollar las competencias en materia de minas conferidas por el Estatuto de Autonomía.
Por último, se pide al Ejecutivo que, a su vez, inste al Gobierno de España a promover la modificación de la legislación estatal, que permita que la regulación de los áridos en Tenerife no se considere de baja calificación económica, porque en Canarias “extraer áridos es casi más rentable que extraer oro”.
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