El Ayuntamiento de Santa Cruz ha despejado la duda sobre si estaría o no presente en la vista que se celebra mañana para la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas, en la que la Fiscalía y la acusación particular piden la aplicación de medidas cautelares sobre los condenados. Finalmente, tal y como anunció ayer el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento se sumará a la petición de la Fiscalía de aplicar medidas cautelares, pero solo en lo referente a la responsabilidad civil, es decir, a garantizar el cobro de la indemnización que el juzgado a concedido al Consistorio. Así, se solicitará que los condenados aporten “bienes realizables” que cubran el importe total y/o mediante “el bloqueo”, “retención” o “embargo” de bienes a nombre de los condenados, directa o indirectamente. Así se aprobó ayer en una Junta de Gobierno extraordinaria.
Según se detalla en el acuerdo, el Consistorio capitalino estará en la vista de mañana para “el aseguramiento de la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.
Se recuerda que la Fiscalía señala que “el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros)”. Según estas cifras, los condenados tendrían que avalar al menos otros 35 millones de euros.
El Ministerio Fiscal solicita que los condenados designen bienes realizables en el plazo que establezca el juez. “Que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas”.
Moción institucional
También ayer se conocía que el Pleno municipal que se celebra mañana aprobará una moción institucional (con el apoyo de todos los grupos) en la que el Ayuntamiento “lamenta” y “condena sin paliativos” los hechos delictivos objeto de la sentencia. En ella también se rechaza la corrupción en todas sus formas, se avanza que los servicios jurídicos tomarán las “medidas necesarias para garantizar el cobro de las cantidades pecuniarias a que tenga derecho el Ayuntamiento”, así como que se iniciarán “de inmediato” las acciones que correspondan en cuanto a la relación laboral y la función pública del personal funcionario, laboral o eventual declarado culpable.
Por último, se reconoce que el Plan Especial de Las Teresitas no podrá salir adelante de manera definitiva hasta que haya “las debidas garantías jurídicas” para que la “litigiosidad sobre la titularidad de los terrenos no afecte negativamente a su desarrollo y objetivos”. En otras palabras, la aprobación definitiva del Plan Especial no se llevará a cabo hasta que los juicios que aún están en marcha sobre la propiedad de los terrenos de la playa hayan concluido. Los portavoces de la oposición, con los que se ha consensuado esta moción, expresaron ayer su satisfacción por ambas decisiones.
De “acuerdo histórico” lo calificó Pedro Fernández Arcila, de Sí se puede, quien añadió que “CC se ve obligada a reconocer la corrupción imperante durante la larga etapa de gobierno de la derecha nacionalista”. Para José Ángel Martín (PSOE), “por primera vez todos los grupos trabajamos en la misma dirección, que no es otra que recuperar el dinero”. Precisamente, una moción del PSOE sobre la condena de Las Teresitas es la que ha propiciado, según Martín, este acuerdo. Para el portavoz de Cs, Enrique Rosales, “es una buena noticia” que los grupos se pongan de acuerdo, pero también recuerda que se debe actuar para evitar que se repitan sucesos similares. Desde IU, Ramón Trujillo dijo apoyar la moción porque “establece una vara de medir para decisiones que hay que tomar en el futuro en relación a Las Teresitas y su entorno”. Todos coincidieron en que vigilarán que se cumplan los acuerdos recogidos en la moción.
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