El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido el derecho de Miguel Ángel Ramírez a obtener permiso para las obras efectuadas y posteriormente demolidas en la finca La Milagrosa, por las que fue anteriormente condenado en vía penal en 2010 por un delito que en posteriores resoluciones judiciales no se observa. Esta nueva sentencia se suma a la firmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en junio de 2013, que ya consideraba legalizables las obras, en contra del criterio del Cabildo de Gran Canaria, por entender que no incumplían ninguna de las múltiples normas urbanísticas aplicables cuando Ralons pidió su legalización. Lejos de retrotraer el procedimiento y efectuar una nueva valoración sin tener en cuenta el Plan Especial del Paisaje Protegido de Pino Santo, los técnicos de la Corporación volvieron a resolver en contra de la legalización, decisión que fue recurrida por la empresa y que ha motivado la nueva sentencia, que declara “la nulidad de la resolución y el derecho a obtener la calificación territorial sobre las obras planteadas”. La sentencia llega a establecer que “el informe del Cabildo Insular tiene un cierto tinte sospechoso de voluntarismo en no alterar la conclusión a la que llegó el TSJC”.
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