50.000 canarios consumen cannabis en 138 clubs legales

Thailo Rodríguez, impulsor de los clubs cannábicos en Canarias, asegura que solo en Tenerife hay 54 inscritos legalmente, y que, cuando creó el primero, la Fiscalía determinó que no incurría en delito
Plantación de cannabis de una asociación en Tenerife. DA
Plantación de cannabis de una asociación en Tenerife. DA
Plantación de cannabis de una asociación en Tenerife. DA

Unas 50.000 personas consumen cannabis de forma regular en Canarias, en los 138 locales de asociaciones legalmente constituidas, de las que 54 están en Tenerife. Es el dato que maneja uno de los principales impulsores de este tipo de asociacionismo en Canarias, Thailo Rodríguez, pues en 2010 constituyó los primeros colectivos en Tenerife y Gran Canaria y asesora a quienes desean crearlos.

Su consumo está aún en una alegalidad, un vacío legal con el que tienen que convivir quienes lo usan, incluso quienes lo hacen con fines terapéuticos. De ahí que el Parlamento canario aprobara el 16 de mayo, con la única discrepancia del PP, instar al Gobierno regional a que, a su vez, exija al estatal y a las Cortes “avances” en la legalización del consumo de cannabis, teniendo en cuenta que conlleva riesgos para la salud”.

La propuesta aprobada explica que esta planta contiene moléculas con efectos antidepresivos, antiinflamatorios y ansiolíticos, mientras que otros pueden ayudar a proteger el sistema nervioso. “La comunidad científica está empezando a descubrir todo el potencial de los cannabinoides y sus posibles aplicaciones, principalmente en el marco de algunos tipos de cáncer, así como en el de enfermedades degenerativas”, argumentan los diputados en el acuerdo. El PP alegó que se oponía porque ya en las Cortes se aprobó en abril crear una subcomisión de estudio al respecto.

No hay problema legal si se ingiere esta sustancia en uno de esos clubes cannábicos, a los que se permite cultivar hasta 6 kilos por mes para consumo de los socios. Pero si sus miembros sacan el cannabis de la sede social para consumirla en otro lugar, en la vía pública, y la policía lo detecta, se incautará de la sustancia y advertirá de una sanción administrativa. Pero Rodríguez deja claro que son los propios clubs los que se autorregulan, pues sacar la sustancia del local supone “violar el manual de buenas prácticas”, aunque puntualiza que para quienes la consumen con fines terapéuticos lo más eficaz sería hacerlo en su casa.

La venta con fines de lucro está penada legalmente. “Somos los primeros que queremos una regulación porque de ningún modo nos abastecemos del mercado negro, ilícito, y garantizar la calidad del producto y su legalidad”, afirma Rodríguez, quien lamenta que en la Ley de Seguridad Ciudadana no se distinga ni siquiera estos casos y prevea sanciones. Sin embargo, ha constatado que en numerosas ocasiones la policía se incauta del cannabis y comunica verbalmente al consumidor que le llegará una sanción, aunque no le deja comprobante de esta denuncia, lo que deja indefenso al afectado.

El cannabis con uso medicinal está legalizado en 22 estados de EE.UU. – en 8 también su consumo con fines lúdicos-, Canadá -a todos los niveles-, México, Colombia- con ambos fines-, también en Alemania, Italia y Holanda. Uruguay fue el primero en permitirlo, según detalla Rodríguez, quien está al frente de la asociación Terapia, Salud y Vida, y ha colaborado en la constitución de más de 20 colectivos de este tipo en la isla. El Tribunal Supremo es el que a llenado con su jurisprudencia el vacío o la ambigüedad legal: desde 2015 hay dos sentencias a favor de clubs y tres en contra.
“Nosotros tenemos licencia de apertura,dispensamos la parte proporcional de consumo de un socio pagando el 7% de IGIC, pero sin ánimo de lucro”, puntualiza este activista del cannabis.

A su juicio, un hecho crucial es que en abril la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 1961, a su juicio “por las presiones de los lobbies imperialista americanos, incluyó el cannabis como planta sin carácter medicinal y destructiva, decidió encargar un estudio científico para verificar si tiene propiedades terapéuticas.

Rodríguez confiesa que no fue fácil inscribir la primera asociación en 2010, y, decidido a que todo fuera escrupulosamente legal, incluso propició que el Gobierno canario remitiera los estatutos a la Fiscalía Antidroga, que abrió diligencias y en 2016 resolvió que no había delito en los fines previstos: cultivo, dispensación y consumo del cannabis. Mientras, la cifra de asociaciones cannábicas no para de crecer en Canarias.

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