Crónica de un cese anunciado. Así podría definirse lo que ayer sucedió con el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño (PP). Tras el ultimátum dado por su propio partido para que el edil presentara su dimisión al votar en contra del expediente que adjudicó el derribo del conocido como mamotreto, tal y como reconocía el PP en un comunicado, ayer, el alcalde, José Manuel Bermúdez, firmó el decreto por el que Garcinuño dejó de ser concejal de Urbanismo, asumiendo sus funciones de manera temporal la primera teniente de alcalde, la popular Zaida González. Tanto PP como CC cumplieron con el protocolo de comunicación y, a las siete de la mañana unos, y a las 9.45, los otros, hicieron públicos sendos comunicados en los que se pedía y se concedía, respectivamente, el cese del edil. Una decisión que el protagonista, el ya exconcejal de Urbanismo, conoció por los medios de comunicación, según han explicado a DIARIO DE AVISOS fuentes cercanas al concejal. Las mismas fuentes aseguran que Garcinuño no había recibido ninguna comunicación de su partido en el día de ayer y que fue el alcalde el primero en informarle oficialmente de su cese; eso sí, después de que lo anunciaran antes a los medios de comunicación. Garcinuño declinó ayer hacer declaraciones sobre su situación.
A esta destitución se unía el anuncio del secretario insular del PP, Pedro Suárez, de que se ha abierto un expediente informativo para aclarar la situación de Garcinuño dentro del partido y tomar una decisión sobre su estatus y hasta su posible expulsión.
El PP, en un aséptico pero contundente comunicado, resumía en cinco puntos los motivos que le han llevado a tan inusual petición, y que no es otra que apear de su cargo a un concejal de su propio partido. Es importante recalcar, que Garcinuño deja de ser responsable de Urbanismo, pero sigue siendo concejal hasta que entregue su acta, algo que aún ayer no había sucedido y que previsiblemente no ocurra hasta la celebración del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz que tendrá lugar este viernes, día 30.
El PP explicó que, en el curso de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz y con ocasión de la toma de consideración para su aprobación del expediente de contratación de las obras de demolición del edificio de aparcamientos en la cabecera de la playa de Las Teresitas, el concejal responsable del área de Urbanismo, Carlos Garcinuño, “decidió unilateralmente romper la disciplina de voto y votar desfavorablemente al derribo de la citada edificación, pese a conocer la posición favorable e inequívoca” del PP sobre el particular”.
Esta situación es la que precipitó los acontecimientos que el PP relata de la siguiente forma. “El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, con el apoyo expreso del Grupo Municipal Popular, obedece al cumplimiento estricto de una sentencia judicial y de un auto judicial posterior que insta al Ayuntamiento a proceder a la inmediata demolición de la totalidad de la construcción afectada por la presente ejecutoria”. Añade que el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, “a mayor abundamiento, cuenta con informe favorable de la Intervención y de la Secretaría General, así como la conformidad de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Lo que supone que el voto desfavorable al acuerdo expresado por el mencionado concejal “resulta a todas luces incoherente e inconsecuente con la posición del Grupo Municipal Popular y contrario a las resoluciones judiciales indicadas que son de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento, para el Gobierno municipal y para quienes institucionalmente lo representamos”. Todo esto hizo, según el comunicado del PP, que la portavoz del PP (Zaida González), se dirigiera a Garcinuño y le comunicara “la pérdida de confianza” y le conminara a “ser consecuente” y a “abandonar voluntariamente el grupo de gobierno mediante la presentación de su dimisión”. Asegura el PP que Garcinuño se comprometió a presentar su dimisión y a entregar su acta de edil en las siguientes horas. Como ese compromiso no se cumplió, “transcurridas 24 horas desde entonces”, la portavoz del PP procedió formalmente a solicitar al alcalde “la destitución inmediata del concejal Carlos Garcinuño como miembro del equipo de gobierno municipal”.
Este último extremo, según las fuentes consultadas por este periódico, no se corresponde con la versión que el propio Garcinuño ha dado a su entorno más próximo, ya que, al parecer, lo único a lo que se comprometió fue a dar una respuesta y lo hizo a las ocho de la tarde. Según las mismas fuentes, desde que salió de la reunión del grupo a las 11.00 horas, nadie del PP contactó con él. La respuesta que Garcinuño dio fue que no dimitía, pero que quedaba a disposición para seguir trabajando por la ciudad y ayudando al partido. Según ha podido saber este diario, a última hora de ayer, el edil seguía a la espera de una llamada de su partido.
Cese oficial
La única comunicación, por tanto, que recibió Garcinuño, fue la del alcalde, José Manuel Bermúdez, que le comunicó el cese después de que se hiciera público el decreto. La orden del alcalde revoca el nombramiento de Garcinuño como tercer teniente de alcalde de la Corporación y como concejal del Área de Planificación del Territorio y Medio Ambiente. “El decreto avoca la delegación del citado concejal de las competencias sectoriales en materia de Planeamiento Territorial y Urbanismo, lo que conlleva su cese inmediato como vicepresidente primero y consejero director del Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo”. De la misma manera, se revocan las designaciones de Carlos Garcinuño como representante municipal en cuantos órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los que el Consistorio participe, sin perjuicio de su posterior ratificación por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife. El decreto nombra a Zaida González como concejal del Área de Planificación del Territorio y Medio Ambiente del Ayuntamiento y delega en la misma las competencias sectoriales en materia de Planeamiento Territorio y Urbanismo, lo que conlleva su nombramiento como vicepresidenta primera y consejera directora del Organismo Autónomo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Mientras, desde el PP se mantuvo el mutismo en torno a esta complicada situación. Solo Pedro Súarez, secretario insular del PP y consejero del Cabildo de Tenerife, comentó que se remitía al comunicado que el grupo municipal en el Ayuntamiento de Santa Cruz había emitido. “Fundamentalmente viene explicado en el comunicado la discrepancia que ha manifestado el exconcejal de Urbanismo frente al cumplimiento de un mandato judicial, que no solo se apoya en el fallo inapelable del derribo -del mamotreto-, sino que la insistencia por parte del tribunal de que se acate la sentencia y se ejecute no admite dudas”, detalló el secretario insular del PP. Suárez ratificó que “ante esa ruptura de voto el grupo municipal ha solicitado al alcalde la revocación de las competencias del concejal de Urbanismo”. Según avanzó, lo único que su grupo a nivel insular ha hecho es “abrir un expediente informativo para saber realmente lo qué ocurre, y en función de ese expediente pues se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, pero hoy por hoy no hay ningún tipo de criterio al respecto hasta que no se concluya el expediente”, señaló.
Diligencias previas
Tanto CC como PP insisten en el hecho de que se está ante un mandato judicial que deben cumplir y acatar, y es que, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, la Jueza ha abierto diligencias previas en relación con la actuación de la alcaldía y la Concejalía de Urbanismo para cumplir con la sentencia de derribo que pesa sobre el edificio de aparcamientos a medio terminar en Las Teresitas.
Tal y como ha podido conocer este periódico, incluso se ha tomado declaración a algunos funcionarios para conocer si los pasos dados por el Ayuntamiento se ajustan a los tiempos de un proceso administrativo como el de la demolición o, si por el contrario, se ha demorado de manera indebida la ejecución de sentencia, incurriendo así en desacato.
El fallo definitivo tuvo lugar hace ya más de dos años, en noviembre de 2014, y la jueza encargada de la ejecución de la sentencia, la titular del Juzgado de lo Penal número 5, se ha dirigido en más de una ocasión al Consistorio recordándole el posible delito de desacato ante la tardanza para cumplir con la pena impuesta. Fuentes municipales confían en que estas diligencias previas abiertas de oficio por la Jueza no prosperen, habida cuenta de los pasos dados, informados en todo momento al juzgado y que la adjudicación del derribo ya se ha hecho efectiva e incluso hay un plazo estimado para su comienzo, en septiembre.
Reacciones
El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, calificó, ayer, de “surrealista”, “absurda” y hasta “ridícula”, la situación vivida en el Ayuntamiento en torno al cese del edil de Urbanismo. “Estamos hablando de un concejal que vota no a la ejecución de una sentencia firme, un voto en el que, tengamos claro que las razones por las que lo hace, no son las que dice, sino porque quiere mantener el mamotreto en pie”. Martín deseó que con los nuevos responsables de Urbanismo, “sean quienes sean”, cambien las formas y se vuelva al “diálogo, transparencia y consenso”, que asegura existía en el mandato pasado. “Con Garcinuño no había diálogo si no le dabas la razón”, apostilló.
Desde Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, dio por buena la destitución. “Que un miembro del equipo de gobierno se oponga al cumplimiento de una sentencia no tiene otra salida que el cese. Es lógico que se le destituya”. Añadió que la postura de Garcinuño es “incomprensible” y recordó que “ha ralentizado todo lo que ha podido el derribo, algo que nos parece impropio, incomprensible y entendemos que es ajustado a derecho”.
“Se echó al monte”
Para Ramón Trujillo de IU, también se considera justificado el cese después de que Garcinuño votara que no. “Pero el grupo de gobierno también ha intentado no tirarlo hasta que no les ha quedado más remedio que cumplir. El concejal de Urbanismo se ha echado al monte”, concluyó.
El portavoz de Cs, Enrique Rosales, insistía ayer en que el Ayuntamiento de Santa Cruz “debe garantizar la absoluta legalidad del proceso de derrumbe del mamotreto de Las Teresitas para cumplir la sentencia dictada”. En este sentido, Rosales recordó “la importancia de que todo el proceso esté avalado por informes técnicos y jurídicos”, con el objetivo de “evitar caer en nuevas irregularidades”.
En relación a la delegación de las funciones del área de Urbanismo en la edil del PP Zaida González, Rosales ha asegurado que “el deseo común de todos los vecinos del municipio es que realice una buena gestión”, así como que “desbloquee con urgencia todo lo que está pendiente en Santa Cruz”.
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