La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión provisional sin fianza para el fundador y máximo accionista del Grupo Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, detenido ayer junto con otras siete personas en el marco del operativo desarrollado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por su presunta implicación en el fraude en la liquidación del Grupo.
Según informan fuentes de la investigación, los fiscales del caso han solicitado igualmente la libertad pero con imposición de medidas cautelares como retirada del pasaporte y comparecencias quincenales para el resto de detenidos que hoy han pasado a disposición judicial.
Se trata de Javier Pérez Dolset, su hermano Ignacio Pérez, el abogado de Zed Daniel Arteaga, Juan Carlos Gonzálvez, Teófilo Redondo, José Manuel Sanchís Antolín, David Aitor Marrón Collados y José Antonio Puértolas.
Todos ellos se han negado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye la causa si bien Javier Pérez Dolset ha precisado tras solicitar la Fiscalía prisión, que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria.
Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegan que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá. Al hilo sostienen que la trama es de “gran complejidad” y que se extiende al extranjero puesto que muchas de las acciones se ejecutaron fuera de España.
CERCA DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN
La investigación arrancó en agosto de 2016 y culminó con la detención este jueves de los arriba mencionados y la práctica de 18 registros en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona. Se centra en el Grupo Zed, empresa creadora de éxitos en el sector de los videojuegos como Commando, que originó cuantiosos beneficiosos desde finales de los años 80.
Se considera que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental. Anticorrupción lleva meses siguiendo la pista a una trama societaria internacional que presuntamente habría permitido el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.
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