Arona, el tercer municipio de Tenerife en población, con más de 92.000 habitantes, y el primero de la Isla en ocupación turística, volvió a quedarse las dos últimas noches sin policías locales que patrullaran sus calles e, incluso, mantuvo cerrada la jefatura en el casco de Arona -al menos el jueves por la noche- al no presentarse, por enfermedad, el agente designado para este turno de servicio.
Ante tal situación de desamparo de la vieja jefatura policial
-todavía sigue en un antiguo y obsoleto almacén de tomates-, el alcalde, José Julián Mena, tuvo que contratar esa misma noche del jueves a dos vigilantes privados para custodiar el centro policial, entre otras razones, para vigilar el arsenal de armas, efectos incautados y amplia documentación judicial.
Alfredo Rodríguez, miembro de la plataforma sindical, señaló que no le sorprendió lo sucedido, porque “viendo los cuadrantes de la semana de servicios se sabía que ese día solo había un policía en el turno desde las 23.04 horas hasta las 07.04, hora en la que empieza el turno diurno”, comentó el agente, uno de los portavoces de las revindicaciones de sus compañeros, que llevan sin ser atendidas años y que Mena les prometió escuchar nada más acceder a la Alcaldía, ahora hace dos años.
Un viejo problema
El problema enquistado desde hace meses viene dado por la batalla que mantiene el centenar de agentes -en torno a 120- con el actual grupo de gobierno (PSOE), al no atender este sus revindicaciones salariales y de material, una promesa incumplida, según relatan los sindicatos policiales y que reconocen desde el Consistorio, que se agarra a la prometida Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para intentar satisfacer las demandas salariales sobre horas extras, nocturnidad y otros complementos.
Si el jueves por la noche no hubo un solo policía desde las 11 hasta las 7 de la mañana, anoche se esperaba la misma circunstancia, pese a la celebración de las tradicionales hogueras de San Juan en la playa de Los Cristianos, por lo que nuevamente, el Gobierno local se vio obligado a contratar vigilancia privada, lo que los policías locales consideran “un despilfarro de dinero público”. A esta vigilancia privada hay que sumar, además, que el Ayuntamiento tuvo que contratar una centralita telefónica externa para poder desviar las llamadas de emergencia a otros cuerpos de seguridad ante el cierre de la jefatura de Policía, un hecho que pone de manifiesto “la gravedad de la situación”, comenta Alfredo Rodríguez, quien lamenta que lejos de avanzar en las negociaciones entre Gobierno municipal y policías locales, “cada vez, a peor por los incumplimientos continuos de los políticos”, dijo.
Los policías recuerdan el compromiso adquirido por las concejales de Recursos Humanos (Yolanda Mendoza) y Seguridad (Carolina Reverón) en la asamblea de diciembre de 2016, “donde se comprometieron con los trabajadores a que antes de marzo verían en sus nóminas esos conceptos retributivos, que actualmente no perciben con la aprobación de la RPT”.
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