Canarias es una de las comunidades autónomas que más “graves carencias” presenta en la adopción de medidas en la lucha contra la presencia de venenos perjudiciales para la población y el medio en sus territorios, según un informe elaborado por la organización ecologista WWF.
Su “Venenómetro 2016”, un análisis del trabajo de las comunidades autónomas ante este “grave problema”, revela unos malos resultados en cuanto a la lucha contra el veneno en toda España y sitúa al archipiélago entre las diez regiones que figuran en la categoría inferior del ránking, la de “graves carencias”.
Un nivel en que están también Extremadura, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia, Cantabria, Madrid, País Vasco y Castilla y León.
Según esa asociación, suspenden todas las regiones excepto Andalucía y solo se acercan al aprobado Aragón y Cataluña.
El Fondo Mundial para la Naturaleza exige a las autonomías que cumplan con sus competencias en cuanto a la aplicación de la Ley y reduzcan la alta impunidad actual, y pide al Gobierno que actualice la Estrategia Nacional de lucha contra el veneno y priorice este asunto en su política ambiental.
Con este “Venenómetro 2016”, denuncia la “escasa” prioridad política autonómica o estatal para solucionar el “grave problema” del veneno en el medio natural, “lo que se traduce en el estancamiento detectado en aspectos clave como la investigación de los casos y la aplicación de la normativa”.
La situación, añade, es “muy preocupante” en ciertas comunidades, como Castilla-La Mancha y Extremadura, donde el veneno tiene especial gravedad debido a que albergan algunas de las principales poblaciones de las especies más afectadas, como el buitre negro, alimoche, milano real o águila imperial.
Andalucía es la mejor valorada, si bien disminuye su puntuación sensiblemente respecto a 2011, debido a la falta de aplicación de su completa normativa contra el veneno, según el informe.
Vuelve a encabezar la clasificación, continúa, por su equipo humano especializado y profesional en la Estrategia Andaluza, seguida por Aragón y Cataluña, respectivamente, por sus avances en la aplicación de la Estrategia regional y por los excelentes resultados del grupo de agentes rurales especializados en Lérida.
A continuación figura un grupo intermedio “insatisfactorio”, formado por Castilla-La Mancha, Baleares, Navarra y Asturias, que muestra muchas deficiencias, excepto en algunos puntos concretos donde se ha producido algún avance significativo.
Respecto a Castilla y León, señala que ocupó el segundo puesto del Venenómetro en 2011 y ahora cierra la clasificación con apenas 10 puntos, lo que se debe, principalmente, a la penalización por las tres campañas de envenenamiento con rodenticidas de 2012, 2014 y 2016.
WWF destaca como avances en la Comunidad Valenciana, Cantabria, Canarias, Cataluña, Navarra y Extremadura y la propia Castilla y León que hayan aprobado Estrategias o Planes de Acción de lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados, que se han sumado a las que ya disponían de Estrategias (Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón).
“Esto -precisa-, que supone un cierto avance, se ha visto limitado porque el grado de compromiso e implicación para cumplir lo establecido en los Planes es, en general, muy reducido”.
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