Investigan a tres altos cargos del Gobierno de Canarias por los parques eólicos

Un juzgado de Gran Canaria instruye diligencias contra el consejero Pedro Ortega, Adrián Mendoza y Erasmo García, tras admitir una denuncia
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega. Andrés Gutiérrez
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega. Andrés Gutiérrez
El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega. Andrés Gutiérrez

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias contra el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega; el viceconsejero autonómico de Industria y Energía, Adrián Mendoza, y el director general del área, Erasmo García, además de contra la compañía Gas Natural, después de haber admitido una denuncia acerca de posibles irregularidades en la adjudicación de parques eólicos.

Dicha iniciativa judicial ha motivado a su vez otra de carácter político, por cuanto el Grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha pedido al Gobierno autonómico una explicación de por qué se ha autorizado la instalación de parques eólicos sin contar con el requisito de disponibilidad de suelo, tal y como se recoge en un comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación.

En dicha nota se especifica que es la diputada regional de la formación morada Concepción Monzón quien registró ayer esta pregunta al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, interesada en saber los pormenores que han impulsado a la Justicia a investigar a los citados tres altos cargos regionales.

Aclaraciones

Monzón considera que es el propio Pedro Ortega el que ha de ofrecer explicaciones públicas ante esta situación. “El señor Ortega debe de aclarar por qué se ha dado esta autorización a pesar del rechazo de uno de los copropietarios de los terrenos donde supuestamente se van a instalar los parques” de energía eólica, detalla el comunicado de Podemos.

Además, la diputada recuerda que, por ley, antes de poder dar la autorización a estas instalaciones, “la empresa [Gas Natural] debe cerrar la disponibilidad del suelo; pero, ante la dificultad de llegar a un acuerdo, los promotores iniciaron la vía de la declaración de utilidad pública, lo que supone la expropiación de la finca”.

Entiende Concepción Monzón que resulta inadmisible que el consejero Pedro Ortega esté siendo investigado por el citado juzgado de Gran Canaria “por beneficiar a una compañía energética, anteponiendo sus intereses a lo de los propietarios de los terrenos”.

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