La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife archivó diligencias de investigación con relación a una consulta hecha por el Gobierno de Canarias para conocer si era legal aceptar la inscripción en el Registro de Asociaciones de un colectivo en La Laguna cuya finalidad era cultivar y dispensar cannabis entre sus socios.
La conclusión de la Fiscalía, en un decreto dictado en diciembre pasado, fue que la inscripción de una entidad jurídica con unos estatutos que recojan tales fines “no podría encuadrarse inicialmente en el grupo de asociaciones prohibidas”. No obstante, el Ministerio Fiscal viene a aclarar que toma esta decisión “sin perjuicio de que cualquier actividad ulterior de cultivo o distribución de cannabis al amparo de sus estatutos pueda dar lugar a nuevas actuaciones de carácter penal, por transgredir los artículos 368 y 570 ter del Código Penal”.
La consulta la realizó el Gobierno de Canarias a raíz de que la Asociación Cannábica de Terapias Naturales de Canarias, representada por Thailo Rodríguez, presentara ante la Consejería de Presidencia una modificación de los estatutos para, expresamente, poder cultivar y dispensar esta planta para consumirla en su local social.
Para archivar la investigación, la Fiscalía se basó en los informes del Ayuntamiento lagunero y la Policía Local en los que se concluía que no se había comprobado comisión de delito contra la salud pública o de asociación ilícita, dado que se aportaron además fotografías “que no son expresivas, inicialmente, de actividad delictiva”.
Rodríguez, directivo y asesor de clubes privados de consumidores de cannabis, relataba ayer a este periódico que la inscripción de estas asociaciones se topó inicialmente con reticencias del Gobierno canario con respecto a sus fines, por lo que ha promovido un modelo de estatutos que ha permitido su inclusión en dicho registro oficial.
Asegura que para la elaboración de estatutos se ha atenido a las sentencias que ha ido dictando el Tribunal Supremo al respecto. Unas resoluciones judiciales que también le han posibilitado calibrar que la cantidad adecuada para evitar precisamente lo que advierte la Fiscalía -es decir, no transgredir el Código Penal- es no cultivar más de 6 kilos al mes, que es el consumo de unos 200 socios. El Supremo, según subraya este activista a favor de la regularización del consumo del cannabis, ha señalado que la producción de cada asociación no debe superar los 10 kilogramos, ya que se consideraría “de notoria importancia”, y sería constitutiva de delito. En toda Canarias, según sus estimaciones, hay 138 clubes cannábicos legalizados (54 en Tenerife), a las que pertenecen casi 50.000 socios.
El modelo de estatutos que propone Rodríguez incluye un código de buenas prácticas, que el socio se compromete por escrito a respetar, junto a la autorización de que la asociación cultive las plantas para dispensarle, que deben ser consumidas en el local de la asociación.
Tal sede, según la autorregulación de de este modelo de asociaciones cannábicas, deben estar a más de 150 metros de colegios y otros centros sensibles. Además, los miembros solo pueden serlo de forma continuada cinco años para evitar posibles riesgos de adicción, y no deben ser dados de alta de nuevo hasta pasados dos meses desde su baja en el club.
Sin ánimo de lucro, este estudiante de Ciencias Políticas ha logrado también que las asociaciones que crea o asesora obtengan un CIF en la Agencia Tributaria – cuya actividad se encuadra en los epígrafes de cantinas y asociaciones cultural y cultivo de cannabis- lo que les permiten alquilar un local para su sede social. Cada club lleva también un libro de cuentas. 
Pero el vacío o ambigüedad normativa para estas asociaciones sigue existiendo en España. En el Congreso de los Diputados se aprobó esta año constituir una subcomisión de estudio sobre la posible regularización del consumo de esta sustancia si se verifican sus beneficios terapéuticos en las dosis adecuadas. Y en el Parlamento canario, el 16 de mayo, se aprobó, con la única discrepancia del PP, instar al Gobierno regional a que exija al estatal y a las Cortes “avances” en la legalización del consumo, “siempre teniendo en cuenta que conlleva riesgos para la salud”. La propuesta aprobada por la Cámara expone que esta planta contiene moléculas con efectos antidepresivos, antiinflamatorios y ansiolíticos, mientras que otros pueden ayudar a proteger el sistema nervioso. “La comunidad científica está empezando a descubrir todo el potencial de los cannabinoides y sus posibles aplicaciones, principalmente en el marco de algunos tipos de cáncer, así como en el de enfermedades degenerativas”, argumentan los diputados en el acuerdo. El PP alegó que se oponía porque ya en las Cortes se aprobó en abril crear una subcomisión de estudio al respecto.
A su vez, según pone de relieve Rodríguez, la Organización Mundial de la Salud, que en 1961 incluyó el cannabis como planta sin carácter medicinal y destructiva, ha decidido este año también encargar un estudio científico para verificar si tiene propiedades terapéuticas.
“El poder político es el que puede garantizar ahora nuestra actividad”
Thailo Rodríguez, que en 2010 creó asociaciones cannábicas en Gran Canaria y Tenerife, cree que tras sentencias del Supremo, el pronunciamiento de la Fiscalía y los acuerdos adoptados en los parlamentos estatal y canario, “sólo el intervencionismo del poder político podrá garantizar nuestras actividades” y superar de modo definitivo el “oprobio” al que se ha sometido a estos clubes privados.
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