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“Los desalojos judiciales van a caer en cascada en San Isidro”

Cuarenta personas y sus enseres fueron desalojadas el martes en La Jurada / GERARD ZENOU

Jacobo Pérez, portavoz del grupo de gobierno (CC-PP) en el Ayuntamiento de Granadilla, califica la situación de San Isidro como “un problemón” por la presencia masiva de okupas en más de una decena de inmuebles que, “seguramente, serán desalojados al igual que ocurrió el martes en La Jurada”, indicó en Onda Tenerife el concejal, para quien “las ejecuciones judiciales están en camino y van a caer en cascada en el resto de edificios ocupados”.

Pérez afirma que se enteró el lunes de ese desalojo cuando desde la Guardia Civil se les pidió apoyo de la Policía Local, “sin tiempo para reaccionar”, sobre todo para “actuar con personas con mayor vulnerabilidad, como son los niños y los mayores”, afirmó, mientras recordó a la oposición que “no se puede sacar rédito de estas miserias”.
“Tenemos un problema enquistado desde hace años, especialmente en San Isidro y aquí mismo, cerca del Ayuntamiento, y en los ocho meses que llevamos gobernando hemos puesto este asunto en conocimiento del Gobierno de Canarias y de los bancos, porque no podemos seguir dejando a personas en un limbo, si bien poco podemos hacer porque la mayoría están empadronadas en otros municipios cercanos y así no pueden acceder a las ayudas básicas de emergencia”, subrayó, para reconocer que algunos de los desalojados el martes “llegaron de sus trabajos a recoger sus enseres”, lo que indica que hay “gente que se aprovecha de este limbo social”. Para Jacobo Pérez, “todo este tipo de situación genera guetos y marginación y una gran indefensión a esas personas”.

La concejala de Servicios Sociales, María de la O Gaspar, desde el martes, y a lo largo del día de ayer, ha manteniendo contactos y reuniones en las que han estado presentes representantes y técnicos municipales, miembros de Cáritas, personal de la Dirección General de la Vivienda del Gobierno de Canarias y de la empresa pública Visocan, con el objeto de realojar y dar solución a las necesidades de las personas que ocupaban las viviendas de un edificio de La Jurada, en San Isidro.

Reuniones
En el último encuentro mantenido ayer por la mañana, junto con las familias afectadas y que están empadronadas en diversos municipios, se ha facilitado el hospedaje a través de los recursos con que cuenta Cáritas, así como a través de los ayuntamientos de San Miguel, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Granadilla de Abona. En este último municipio, una madre y un hijo se hospedarán en un hotel, hasta poder facilitarles un lugar adecuado donde vivir.

Otro de los temas abordados, con la Dirección General de Vivienda, es la solicitud a diferentes entidades bancarias para que se busquen otro tipo de alternativas, de forma conjunta, antes de procederse a la ejecución de un desahucio. La directora general de Vivienda, Pino de León, insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo con los bancos para que “pongan en disposición esas casas vacías en alquiler social”, porque “al Gobierno le resulta más barato que construir viviendas, que no están previstas este año”, indicó.
Desde la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) se recuerda que en Canarias hay un censo de 30.000 viviendas vacías, la mayoría “en manos de los bancos rescatados con dinero publico”, afirman.

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