Ha llegado el día del inicio de las negociaciones para la búsqueda de un acuerdo de estabilidad que el PP quiere que se sustancie en su incorporación al Gobierno que hoy gestiona en minoría CC. A partir de la 10.30 horas, en la sala 1812 del Parlamento de Canarias, las dos comisiones designadas a tal efecto intentarán materializar la voluntad expresada este lunes por Fernando Clavijo y Asier Antona en una reunión de intercambio de propósitos -“no de estampitas”, puntualizó el jefe del Ejecutivo- al poco de que el presidente del Partido Popular se ofreciera a empujar el fotingo y propusiera una hoja de ruta. Con los Presupuestos Generales del Estado de 2017, hay combustible suficiente para avanzar sin rodeos en un vehículo de alta gama.
La delegación de Coalición Canaria la encabeza su secretario general, José Miguel Barragán, que estará acompañado por Guadalupe González Taño, secretaria de Organización; José Miguel Ruano, portavoz del grupo Parlamentario; los tres vicesecretarios generales, Beatriz Calzada Ojeda, David de la Hoz Fernández y Rosa Dávila. El PP canario acude con Australia Navarro, secretaria general; Lope Afonso, el coordinador; el eurodiputado Gabriel Mato; el presidente en Tenerife, Manuel Domínguez; el senador Jorge Rodríguez y la diputada autonómica y vicesecretaria de Acción Sectorial, Luz Reverón.
“La confluencia en los asuntos” marcará el ritmo de las conversaciones. “El acuerdo será rápido, lento o puede no llegar, simple y llanamente”, dijo Clavijo el martes. En el PP sí han establecido un plazo: “Antes de agosto debería despejarse el camino”. Canarias “no está para ir tirando, sino para tomarse en serio los retos”, declaró recientemente en un acto público el líder popular Asier Antona. “Tenemos las mejores herramientas para afrontarlos: el REF y los Presupuestos Generales del Estado. Las mejoras que se han introducido tratan de corregir las debilidades y convertirlas en fortalezas. Pero para ello se precisa de una Administración que sea capaz de lograr este objetivo”. Se verá si sobre la mesa se colocan carpetas llenas de papeles con ideas o servilletas para ir apuntando las ocurrencias.
Los interlocutores ya saben, porque ayer lo anunciaron Fernando Clavijo y la consejera Rosa Dávila, que el crédito extraordinario añadirá 340 millones a los más de 7.300 millones de euros de las cuentas regionales de 2017, que el PP tachó en su momento de “tramposas”. La administración de esta inyección financiera es precisamente una de las preocupaciones de los populares. De ahí el especial interés en consensuar el reparto. En principio, una tercera parte de los fondos (50 millones) se destinará al programa para la reducción de las listas de espera sanitarias, con la “apertura de quirófanos y el incremento de horas del personal”, dentro del compromiso de que a final de año se hayan recortado entre el 5% y el 10%. En el capítulo de políticas sociales, se financiará en colaboración con los cabildos el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, con la intención de “poner en funcionamiento 4.000 plazas para atender las necesidades derivadas del envejecimiento de la población”. El maná alcanzará, asimismo, a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), a la vivienda joven, usada o de alquiler (pago de las deudas) y a la lucha contra la violencia de género. En educación, contribuirá, entre otros aspectos, a “reforzar los equipos de orientación y atención para alumnos con necesidades particulares”.
En este diálogo “constructivo” -¿de qué, si no?-, el PP calzará el escritorio con el documento de las siete reformas “orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos y dinamizar la economía”.
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