La suspensión cautelar del cierre de emisario submarino del Polígono Industrial Valle de Güímar y el plazo de nueve meses para acabar con los vertidos ilegales, tras aceptarse el recurso de los propietarios y empresarios de la zona, ha sido recibida de buen grado por las partes implicadas, que no recurrirán el auto dictado el martes. Ayer mismo, los concejales de Urbanismo de los tres ayuntamientos (Candelaria, Arafo y Güímar), propietarios desde julio de 2013 del Polígono, se reunieron para realizar en el menor tiempo posible una obra de emergencia, cifrada en 160.000 euros, antes de que el Consejo Insular de Aguas, al que consideran responsable del saneamiento en el Polígono, realice la Edari (Estación Depuradora de Aguas Residuales e Industriales), antes del 13 de marzo de 2013, como exige el auto judicial, y con un coste aproximado de un millón y medio de euros, cantidad similar al presupuesto de las depuradoras en otros polígonos como La Campana o Granadilla.
“La conciliación del respeto al medio ambiente y la permanencia de la actividad económica” son las premisas bajo las que trabajan los tres ayuntamientos del Valle de Güímar en relación al emisario del Polígono de Güímar, indicaron ayer los tres concejales de Urbanismo reunidos en Candelaria, junto al ingeniero contratado por los tres consistorios, Manuel Losada. Entre los acuerdos adoptados está la realización conjunta de las obras de emergencia en la cabecera del emisario para mantener la actividad, mientras se tramita la autorización de vertidos. Por otro lado, los concejales consideraron necesario la celebración de una reunión conjunta entre los servicios jurídicos de tres ayuntamientos y del Consejo Insular de Aguas para lograr los acuerdos que permitan solucionar este complejo problema.
Los denunciantes
Tras recibir con satisfacción el auto emitido por el Juzgado número 4 de Santa Cruz, Sí se puede e Izquierda Unida (IU) exigen la construcción inmediata de la depuradora del Polígono Industrial de Güímar, atendiendo a que la sentencia obliga a las administraciones implicadas a resolver el problema de los vertidos al mar de aguas residuales industriales sin depurar en un plazo inferior a nueve meses.
El concejal de Sí se puede en Candelaria, Agustín Espinosa, señala que “estamos satisfechos de esta resolución judicial porque pone sobre la mesa una solución factible para un problema que llevamos arrastrando hace más de 40 años y, además, fija una fecha para su resolución. Creemos que la medida propuesta es muy razonable”.
Sí se puede e IU destacan que, en la vista judicial sobre este caso, el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (Ciatf) afirmó que podría asumir la construcción de la Edari en el plazo citado. No obstante, “ambas organizaciones interesaremos que el coste de esta inversión sea abonado finalmente por la Asociación Mixta de Compensación, además de propiciaremos que los ayuntamientos establezcan un canon de vertido a las empresas para sufragar los gastos de mantenimiento de la depuración”.
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