Se abre expediente a la piroctenia de Arafo por obras sin licencia

El Ayuntamiento de Arafo, según confirma el concejal de Urbanismo, Luis Domingo Marrero, ha abierto un expediente sancionador a la pirotecnia situada en el Camino Las Calle, por obras de ampliación en la antigua Pirotecnia Jordi, que no cuentan con licencia municipal. El concejal reconoce que esa actividad, de almacenamiento de material pirotécnico, dispone de los permisos de Industria, después del cambio de titularidad de la empresa ocurrido hace cuatro años, tras diez años cerrada, pero que “la construcción de una especie de búnker de hormigón no dispone de la correspondiente licencia municipal”, por lo que está en curso un expediente sancionador, señaló Marrero.

El Consistorio sale así al paso de las declaraciones de varios vecinos en las que manifestaban sus quejas ante la falta de repuesta del Ayuntamiento a sus reiteradas denuncias, los que les ha llevado a poner el caso en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente la semana pasada.

Luis Domingo Marrero desmiente que la Corporación municipal no actuara ante estas denuncias, porque recuerda que hay informes de la Policía Local y la Oficina Técnica sobre la pirotecnia, reconociendo, eso sí, que “se trata de cumplir los plazos y esperar las alegaciones del titular de la empresa”, recordando que “tiene que legalizar las obras realizadas”, recordando, además, que los permisos de la actividad no corresponden al Ayuntamiento, sino a “Calificación Territorial del Cabildo”, que, según Luis Domingo Marrero, “puede obtener”, porque “ya existía esa actividad en esa zona antes de que llegaran las edificaciones urbanas”, preguntándose si fue “antes la gallina que los huevos”.

A tenor de la denuncia, interpuesta por cuatro vecinos del Camino Las Calles, en esa parcela sobre suelo rústico de ámbito agrícola se están realizando obras, instalaciones y edificaciones de nueva planta. En concreto, hablan de un búnker de doble hormigón, que implicaría, según los denunciantes, una ampliación de la antigua pirotecnia, abandonada tras jubilarse el propietario, “por lo que es necesario poner en relieve el enorme riesgo que supone la instalación clandestina de una actividad peligrosa en un entorno de viviendas residenciales y usos agrícolas”, se relata en la denuncia.
La parcela, de 2.514 metros cuadrados, fue adquirida por el empresario güimarero Tanausú Estévez por 200.000 euros.