Unid@s reitera su denuncia contra un entramado “político-empresarial”

El portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, anunció ayer, en rueda de prensa, que el partido va a reiterar, esta misma semana, ante el juzgado de guardia de La Laguna, su denuncia contra el entramado “político-empresarial” de Técnicas Competitivas, que tiene supuestos vínculos con el actual alcalde, José Alberto Díaz (CC), a través de una de las empresas que conforman este entramado, según señalaron desde el partido.

Cabe recordar que la semana pasada se supo que la Fiscalía Provincial había decidido archivar esta denuncia que la organización presentó en mayo de 2016. Aún así, desde Unid@s consideran que por “la entidad de la documentación que manejamos” es necesario reiterar esta denuncia. “Esperamos que el juzgado de guardia sea el encargado de clarificar lo que no pudo o quiso la Fiscalía”, indicó el portavoz de Unid@s, quien mostró su decepción por la decisión de la Fiscalía y por que el caso no se elevara a la Fiscalía especial contra la Corrupción, con sede en Madrid. “Curiosamente, el fiscal superior de Canarias fue el que pidió que este asunto volviese a aquí”, añadió.

“Nos parece muy significativa la connivencia tan estrecha entre destacados miembros del PSOE y de CC con un entramado empresarial -enfatizó el portavoz de Unid@s se puede-. Esto no es una teoría de la conspiración, son documentos que acreditan unas prácticas que consideramos irregulares”.

Según explicaron desde Unid@s, en 1998 el presidente de Técnicas Competitivas era Rosendo Reboso, que pasó a ocupar importantes cargos en el Gobierno canario hasta 2004. Reboso ha sido consejero de la empresa y de las empresas accionistas, igual que su mujer, participando, además, “en múltiples empresas vinculadas”. Otras personas que han formado parte de ese presunto entramado, según sus denunciantes, son Augusto Brito, exportavoz del PSOE en el Parlamento, o Víctor Díaz, hermano del actual alcalde lagunero.

Según el portavoz de Unid@s, “se creó todo un ecosistema político que facilitó que esta empresa lograra, tras la salida del Gobierno de Reboso, multitud de contratos públicos” por valor de unos 24 millones. Además, enfatizó que “nos parece sorprendente que la Fiscalía no preste importancia a que un hijo del exconsejero de Educación del Gobierno, José Miguel Pérez, fuera responsable de Desarrollo Internacional de Técnicas Competitivas unos meses antes de que su consejería le otorgara un concurso de más de 1,2 millones”.

Igualmente, Ascanio señaló que la propia Fiscalía reconoce el vínculo de José Alberto Díaz con “otra de las empresas que conforman el entramado, Piélago Consultores, de la que el actual alcalde traspasó todas sus participaciones a su propio hijo”. A juicio de Unid@s, tanto Pérez como Díaz tendrían que haberse inhibido en la toma de decisiones que afectaban a estas empresas con las que mantenían vínculos personales.

“AUMENTAR LA INESTABILIDAD”
Por su parte, el alcalde criticó ayer la forma de hacer política de Unid@s, basada en “estigmatizar al adversario político lanzando barro, insidias y mentiras”. “Para Unid@s se puede vale todo porque para alcanzar el poder cualquier cosa vale. El adversario es enemigo, el insulto se presenta como crítica, la mentira se ofrece como verdad”, enfatizó.

José Alberto Díaz explicó que Unid@s decidió presentar la denuncia en mayo de 2016, cuando “dos de los concejales socialistas habían decidido abandonar de facto el gobierno municipal”, con el objetivo de “aumentar la inestabilidad y generar una apariencia caótica en la vida política local”. “Una trama mafiosa” que, según el alcalde, “solo vive en la imaginación de Rubens Ascanio y sus compañeros y sobre la cual no existe ya no una prueba, sino el más tenue indicio”.

En este sentido, Díaz afirmó que es “extremadamente grave acusar a personas y a familiares de esas personas de organizarse para delinquir sin pruebas concretas y solo con suposiciones”, así como que la Fiscalía “archive la denuncia, y que, sin embargo, continúen sosteniendo el mismo discurso falso y difamador”. “El denunciante también debe responder políticamente cuando se archiva su denuncia”, concluyó.