Los concejales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en el Ayuntamiento de La Laguna han anunciado hoy que presentarán en la Audiencia Provincial un recurso contra la decisión del juzgado de instrucción número 2 de La Laguna de archivar el conocido como caso grúas.
El caso grúas fue denunciado por los concejales de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias contra el anterior alcalde, Fernando Clavijo, y el actual, José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria (CC) por presunta prevaricación administrativa en la gestión del servicio de grúas municipales.
Tras la decisión del juzgado número dos de archivar la denuncia, los concejales han anunciado hoy que recurrirán el auto, en el que a su juicio la jueza instructora “se ha inhibido de realizar su trabajo tratando de adelantar el juicio absolutorio, que es algo que corresponde hacer al Tribunal que juzgue este caso”
Los concejales pedirán a la Audiencia Provincial que siga con la instrucción del caso por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Santiago Pérez (XP-NC) y Rubens Ascanio (Unid@s Se Puede) indican en un comunicado que lamentan que el alcalde, José Alberto Díaz, se “haya lanzado a un tour mediático aprovechándose de la enorme cantidad de dinero público que gasta en propaganda el Ayuntamiento, para tratar de dar por cerrado el caso y achantar a la oposición para que no cumpla con su función”.
Considera Santiago Pérez que si no activaran los mecanismos a su alcance no estarían cumpliendo sus obligaciones de forma cabal y agrega que corresponde al poder judicial cumplir su función “y si no lo hace ya no será responsabilidad nuestra”.
Ascanio ha señalado que “a pesar de las mordidas, vamos a utilizar toda la artillería jurídica disponible para acabar con esta golfada que es el caso grúas. Esperamos que el PSOE esté a la altura porque CC quiere aprovechar el archivo provisional para reunir a toda prisa la Comisión y aprobar un dictamen que exonere a Fernando Clavijo y José Alberto Díaz”.
Ha añadido que nada de esto hubiera pasado “si hubieran hecho caso a las denuncias reiteradas entre 2012 y 2014 de unos trabajadores a los que ellos sí deberían pedir perdón, en lugar de andar despejando culpas, entre otras cosas, por tenerlos más de 12 meses sin cobrar su sueldo”.
Santiago Pérez ha señalado que la jueza instructora “se ha inhibido de realizar su trabajo tratando de adelantar el juicio absolutorio, que es algo que corresponde hacer al tribunal que juzgue este caso”.
Según Santiago Pérez, el auto que dispone el sobreseimiento provisional pone en “evidencia que la instructora no ha realizado las diligencias propias de esta fase del procedimiento penal, cuya finalidad es el esclarecimiento y la comprobación de los hechos denunciados, inhibiéndose completamente de sus funciones procesales”.
Sin embargo, ha destacado el edil de XTF-NC, la jueza “sí efectúa pronunciamientos, descartando que el alcalde y su gobierno hayan aprobado a sabiendas de su ilegalidad los acuerdos objeto de la denuncia, que son propios de la sentencia una vez celebrado el juicio oral y la práctica contradictoria de las pruebas propuestas por la acusación y por la defensa”.
Así, considera que “deja completamente indefensos de tutela judicial efectiva la legalidad y los intereses públicos para cuya defensa han cumplido los concejales denunciantes el deber que les impone el artículo 262 Ley de Enjuiciamiento Criminal, de poner en conocimiento de la autoridad judicial o del fiscal de los hechos que conozcan como consecuencia del ejercicio de sus cargos representativos”.
Uno de estos delitos sería, en su opinión, el de prevaricación continuada, por la aprobación de resoluciones administrativas sin fundamentos jurídicos que pudiera prevalecer sobre los reparos de legalidad formulados por la Intervención en ejercicio de la función fiscalizadora.
Comenta que también el delito de malversación de caudales públicos por la concesión al margen de la legalidad de un préstamo de 120.000 a una empresa concesionaria incursa en incumplimientos de obligaciones esenciales establecidas en el pliego de cláusulas y por la prórroga ilegal del contrato con una consecuencias económicas de 3.249.257,88 euros cuantificadas por la Intervención General.
Pérez añade otro de los presuntos delitos es el de tráfico de influencia “ya que es la relación de proximidad entre el alcalde Fernando Clavijo y su concejal delegado con tres de los titulares de la empresa Auto Grúas Poli S.L. (“sólo tres”, dice la jueza en su Auto) la que proporciona la conexión de sentido a una serie de actos administrativos en los que el alcalde hace dejación de sus funciones o las ejerce en beneficio de dichos particulares”, señala Pérez.
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